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Que en Cristo Nuestra Paz, México tenga vida digna. CEM


2. FACTORES QUE CONTRIBUYEN
A LA INSEGURIDAD Y VIOLENCIA


27. Esta violencia, que tiene su origen en las actividades de la delincuencia organizada y cuyas manifestaciones hemos descrito, es una realidad compleja, difícil de explicar en una sencilla relación de causalidad; es también una realidad multidimensional, que toca distintos ámbitos de la vida, en los que debemos descubrir los factores que contribuyen a su existencia y sobre los que se debe intervenir, para prevenirla, atenuar sus efectos y atender a las personas más vulnerables.

2.1 En la actividad económica

28. La economía es uno de los ámbitos en los que debemos buscar los factores que contribuyen a la existencia de la violencia organizada. La desigualdad y la exclusión social, la pobreza, el desempleo, los bajos salarios, la discriminación, la migración forzada y los niveles inhumanos de vida, exponen a la violencia a muchas personas: por la irritación social que implican; por hacerlas vulnerables ante las propuestas de actividades ilícitas19 y porque favorecen, en quienes tienen dinero, la corrupción y el abuso de poder.

29. El contexto de la actividad económica es el de la globalización. Este fenómeno no es, a priori, ni bueno ni malo; dependiendo de cómo se gestione propiciará la redistribución de la riqueza o el incremento de la pobreza y la desigualdad20. En México la globalización ha favorecido la difusión y el fortalecimiento de un modelo de economía de mercado que se ha mostrado incapaz de resolver, como lo pretendía, todos los problemas sociales.

30. Si bien, en este contexto, este modelo de economía ha propiciado el crecimiento económico de algunos sectores productivos en algunas regiones del país, también ha originado, en otras regiones, el deterioro de sectores vulnerables, que apenas han podido subsistir o que han sido excluidos de una economía moderna que no se interesa por aspectos fundamentales de la vida social y económica como son el derecho al trabajo, la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente.

31. La democracia no ha alcanzado la economía y no se ha consolidado un mercado justo y solidario. Las oportunidades no son las mismas para todos. Los productos agrícolas se encarecen por los intermediarios. Grandes empresas trasnacionales, en competencia desigual, sacan del mercado a las empresas medianas y pequeñas. Los precios no son fijados por la oferta y la demanda sino por quienes tienen el control del mercado. La economía regional y nacional se corrompe por la interrelación de grupos mafiosos y grupos de interés. En las actividades económicas el imperio de la ley del más fuerte es una forma de violencia que genera frustración y rencor social.

2.1.1 Pobreza y desigualdad

32. La pobreza ha crecido. En el contexto de la crisis financiera mundial los resultados conseguidos en años, por la implementación de programas para la superación de la pobreza, han retrocedido en meses21. No sólo se incrementan las formas de pobreza tradicional y de injusticia social que ya existían, sino que aparecen nuevas categorías sociales que se empobrecen y surgen nuevas pobrezas. Esta situación no puede ocultarse tras la generalidad de las estadísticas, la pobreza adquiere en la vida real rostros muy concretos.

33. México es uno de los países con mayor desigualdad en la distribución de la riqueza en el mundo. Esta situación se ha profundizado por el progresivo deterioro de la capacidad adquisitiva de los trabajadores; por el incremento del desempleo; la falta de condiciones favorables para la micro, pequeña y mediana empresa; la caída en la calidad de vida, la corrupción endémica, la paulatina disolución de las clases medias y la concentración de riqueza en pocas manos.

34. Esta distribución desigual de la riqueza abona el sustrato para la delincuencia organizada. Los negocios ilícitos, que implican graves riesgos, ofrecen la perspectiva de tener jugosas utilidades en breve plazo. Esto es una tentación para quienes se encuentran en el límite de la sobrevivencia y excluidos de los procesos productivos. También lo es para quienes quieren sostener un estilo de vida suntuosa que excede las posibilidades que da un nivel de ingresos ordinario. La necesidad y la ambición exponen de igual manera a pobres y ricos a buscar ganancias sin importar su procedencia, ni los riesgos y costos humanos que implican. La desigualdad provoca una honda insatisfacción y sensación de injusticia, que es la puerta de entrada de la violencia y por consiguiente, de un clima de inseguridad.

2.1.2 Insuficiencia de las reformas económicas

35. Las reformas que se han hecho para situar la economía del país en el conjunto de la economía global en poco tiempo se han vuelto insuficientes. Las exigencias para la integración equitativa del país en mercados más amplios nos han rebasado. La formación profesional ha quedado fuera del alcance de una gran mayoría de mexicanos. Crece constantemente el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, con lo que se incrementa la migración y la economía informal.

36. El Tratado de libre comercio de América del Norte propició el suministro de alimentos con base en la importación, aprovechando los precios más favorables para el mercado con el consiguiente descuido del desarrollo de la agricultura nacional; con ello, la vida agrícola, actividad vital para un sector importante de la población, se vio afectada, con sus consecuencias no sólo económicas, sino también sociales, políticas y culturales.

37. Este proceso ha sido una experiencia frustrante y es la causa de un enojo contenido,
pues México no ha alcanzado la soberanía alimentaria; las políticas económicas en general no promueven el desarrollo agrícola ni apoyan a los productores del campo, más bien los han puesto en condiciones de desventaja al no poder competir con los productos subvencionados de los países que son socios comerciales. En esta circunstancia ha sido mucho más rentable para muchos campesinos, por decisión propia o por coacción, recurrir a la siembra de estupefacientes. Estos cultivos ilícitos son puerta abierta a la inseguridad y violencia22 en distintas regiones de la geografía nacional.

2.1.3 Desempleo y subempleo

38. Según datos del INEGI, en el tercer trimestre de 2009 el número de personas desocupadas y sin posibilidad de obtener un ingreso llegó a 2.9 millones de mexicanos, lo que significó una desocupación del 6,2 % de la población económicamente activa. En las zonas más urbanizadas, con cien mil y más habitantes, alcanzó 7.6 %. En el mismo período, en el año anterior, la tasa de desocupación fue de 4.2 %. En el tercer trimestre de 2009, el 28.2 % de la población económicamente activa trabajaba en el sector informal.

39. El porcentaje de jóvenes que, incluso teniendo estudios, no tiene acceso a empleos estables y remunerados es muy alto. Esto hace que muchos de ellos, ante la falta de alternativas, sean oferta laboral para la demanda de quienes se dedican al narcomenudeo o a la delincuencia organizada. La precariedad del trabajo y el subempleo también están entre los factores que explican la violencia urbana.

40. Los cambios motivados por la globalización no han estado acompañados por la necesaria reforma política y social que requiere la nación. El hecho de que aún subsistan los efectos de la polarización generada en la pasada elección presidencial23, hace muy difícil el diálogo entre los actores de la vida política, quienes ante los graves problemas de México, muchas veces se encierran en posiciones irreductibles, no se escuchan, se ofenden y descalifican, niegan sistemáticamente al adversario rechazando irreflexivamente sus propuestas, con la consiguiente dificultad para lograr acuerdos viables y consensos que capitalicen la buena voluntad de la mayoría de los ciudadanos para alcanzar el bien común de toda la nación.

2.2 En la vida política

41. En medio de la crisis de inseguridad y violencia, se van organizando grupos sociales que de distintas maneras buscan hacer sentir su frustración social ante las insuficientes garantías de seguridad que tienen los ciudadanos y ante la impunidad en que quedan muchos delitos del crimen organizado. Muchas personas, al dolor de haber perdido un ser querido o a su condición de víctimas inocentes, añaden la impotencia de respuestas parciales, en ocasiones contradictorias y hasta cómplices de las instancias de servicio público. Cuando la frustración de estos grupos sociales es capitalizada por actores políticos para sus propios fines, aumenta el riesgo de reivindicaciones violentas y el peligro para la sociedad.

42. Los nuevos contextos de un mundo globalizado y la problemática de la inseguridad y violencia en la que vivimos los mexicanos exigen la renovación del Estado Mexicano. No se pueden resolver los problemas sociales aplicando sin más la lógica mercantil. Cuando esto sucede las instituciones se configuran con esta lógica y diseñan la prestación de sus servicios en la dinámica de la oferta y la demanda. Por ello y por presiones de distinto tipo el Estado tiene dificultades para definir una política social que lleve a la superación de la pobreza y propicie condiciones y oportunidades de desarrollo humano integral, a través de una justa y adecuada distribución de la riqueza.

43. A pesar de ello, ha sido notorio en distintos niveles de gobierno, el esfuerzo por implementar políticas sociales para la superación de la pobreza. Sus logros se ven minimizados por los efectos de la crisis financiera global. En algunos lugares no se ha podido desterrar, en su implementación, el clientelismo político que desvirtúa la figura del derechohabiente, propiciando, en muchos casos, paternalismo y dependencia en los ciudadanos, que se ven a sí mismos como beneficiarios de apoyos que los comprometen, y no como ciudadanos con derechos y deberes.

44. Hay descontento social por los errores en la gestión de las políticas públicas para la superación de la pobreza. Las transferencias económicas habilitan para el consumo, resolviendo en el corto plazo, pero no de raíz, algunos problemas urgentes. En ocasiones la situación de pobreza es aprovechada por quienes tienen ganancias ilícitas para legitimarse delante de la población mediante ayudas o apoyos a las necesidades de la comunidad.

2.2.1 Corrupción e impunidad

45. Hay disimulo y tolerancia con el delito por parte de algunas autoridades responsables de la procuración, impartición y ejecución de la justicia. Esto tiene como efecto la impunidad, las deficiencias en la administración de justicia —por incapacidad, irresponsabilidad o corrupción—. Se ha hecho evidente la infiltración de la delincuencia organizada en instituciones del Estado. Si no hay justicia, se puede delinquir con mayor facilidad.

46. La corrupción es una forma de violencia que, al inocularse en las estructuras de servicio público, se transforma en delincuencia organizada, ya que de manera descarada se impone «la mordida» como condición a los ciudadanos para recibir un beneficio o servicio gratuito. Este tipo de delincuencia se defiende a sí misma de manera violenta, llegando incluso a generar muertes para ocultarla y el desprecio, difamación y aislamiento de los funcionarios que no participan en este ilícito. El combate a la corrupción es contradictorio, pues las contralorías no son autónomas en su toma de decisiones y caen en la complicidad. Esta situación de corrupción institucionalizada hace sentir la necesidad de autonomía en la procuración de justicia.

47. Hay factores que contribuyen a la violencia provocada por el crimen organizado en las estructuras que se han deteriorado por la corrupción, la impunidad y el autoritarismo. Es urgente superar definitivamente la anticultura del fraude; de los privilegios de unos cuantos y consolidar procesos e instituciones que permitan la representación de toda la sociedad, a través de métodos transparentes y de autoridades legítimamente elegidas a las que la ciudadanía les pueda pedir cuentas de su actuar24.

48. La seguridad de los ciudadanos es tarea del Estado. Si entendemos la seguridad ciudadana como "la condición personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de violencia o amenaza de violencia o despojo intencional por parte de otros"25, el objetivo de las políticas del Estado tendría que orientarse a liberar a las personas del miedo a ser agredido o despojado de lo necesario para vivir. Este sería el camino para el fortalecimiento de las capacidades del Estado. En una visión no represiva de su tarea, su
esfuerzo tendría que orientarse a la satisfacción de necesidades básicas.

2.2.2 Inseguridad ciudadana

49. La inseguridad es puerta de entrada al ejercicio intimidatorio de la autoridad siguiendo el principio de que es más fácil gobernar a una sociedad con miedo26. Las prácticas despóticas y autoritarias para combatir el crimen no se justifican en un estado democrático, provocan miedo y desconfianza y con ello debilitan el tejido social, cerrando así el círculo vicioso de la inseguridad. Es necesario revisar el sistema de "denuncia anónima" para que no sea la base de un sistema de justicia en el que fácilmente se pueden violar los derechos humanos y que puede ser usado para venganzas y motivo de arbitrariedades; deben evitarse abusos y ultrajes a personas inocentes. A mayor autoridad moral de las fuerzas de seguridad, corresponderá mayor colaboración con la justicia por parte de los ciudadanos.

50. La experiencia demuestra que la seguridad no se relaciona directa y principalmente con la capacidad bélica, con la cantidad de policías, con la militarización o con la compra de armas; ni con medidas represivas que llegan a ser intolerantes con cualquier tipo de disidencia. Sí se relaciona, en cambio, con la inversión que se hace en políticas de acceso a la educación y al trabajo. Para muchos jóvenes es más fácil conseguir un arma que una beca educativa. La inseguridad se relaciona con la carencia de espacios públicos para la convivencia que sean saludables, sanos, seguros, plurales e incluyentes.

2.2.3 Procuración de justicia

51. Es necesario que los funcionarios del sistema de Procuración de Justicia sean gente que no tenga trayectoria de impunidad y que se mantenga el principio jurídico de que: "se es inocente hasta que se demuestre lo contrario". Porque ahora vemos que los detenidos son exhibidos ante los medios, antes de ser consignados a la autoridad jurisdiccional y que se abusa de la figura del arraigo.

52. Hay quienes proponen como salida a la situación de violencia llegar a acuerdos y negociaciones con el crimen organizado. El gobierno no tiene derecho de ceder porciones del territorio nacional a grupos criminales que terminan sometiendo a la población y a las mismas autoridades. Esto equivale a aceptar que se configuren estados ilegales y delincuenciales. En otro tiempo se dieron acuerdos que permitieron actuar impunemente a quienes se dedicaban a negocios ilícitos con la complicidad de actores políticos y de autoridades. Si no fue justo entonces, hoy es inadmisible. Los costos en el mediano y largo plazo de una solución que lleve a cierta estabilidad inmediata, no la justifican. Esto llevaría a un sistema ilegal de gobiernos alternativos en todos los niveles, que contaminarían a la sociedad desde el punto de vista social, económico y político y la vida comunitaria en general.

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