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Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos. CEM

PARTE III

DEL ENCUENTRO CON JESUCRISTO A LA SOLIDARIDAD
COMO RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DE LA NACIÓN

"Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer;
o sediento, y te dimos de beber?
¿Cuándo te vimos forastero, y te acogimos;
o desnudo, y te vestimos?
¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel,
y fuimos a verte?
Y el Rey les dirá: En verdad les digo que
cuando lo hicieron a uno de estos hermanos míos
más pequeños, a Mí me lo hicieron".

Mt 25, 37-40

INTRODUCCIÓN

223. El encuentro con Jesucristo vivo lleva a los creyentes a una conversión del corazón que en la comunidad cristiana se manifiesta en la virtud de la solidaridad con todos los hombres. Esta solidaridad es la expresión operante de la caridad: "Nosotros debemos amarnos, porque Él nos amó primero. Si alguno dice: «Yo amo a Dios«, y odia a su hermano, es un mentiroso; pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de Él este mandato: que el que ama a Dios, ame también a su hermano" ( 1 Jo 4, 19-21).

224. La solidaridad, pues, no es un elemento extraño o añadido a la dinámica de la vida cristiana. La virtud humana de la solidaridad, al ser vivificada por la gracia y el don de la fe en Cristo, se convierte en fuente de amor fraterno, de perdón y reconciliación (Cf. Mt 6, 9-15). En este caso, todo ser humano, aunque sea extraño o enemigo, se convierte en "prójimo"; no sólo por la dignidad humana común, sino porque es la imagen viva de Dios rescatada por la sangre de Jesucristo (Cf. Rm 8, 1-2; Col 3, 3).

225. Para el cristiano, la solidaridad es el ejercicio de la caridad que lo santifica, lo dignifica y lo hace participar activamente en la construcción de la comunidad. La Doctrina Social de la Iglesia nos enseña que precisamente la comunidad construida solidariamente hace que la subjetividad de las personas y de la sociedad en su conjunto surja como una realidad efectiva. Esto quiere decir que cuando la solidaridad cristiana inspira y anima a la familia, a la sociedad, a la cultura y a la Nación, éstas crecen en humanidad, se tornan sujetos de su propio destino y evitan convertirse en objeto de uso o de abuso.

226. Más aún, cuando la solidaridad se establece como un modo habitual de acción que dinamiza las relaciones sociales, podemos hablar de que la cultura de la solidaridad ha surgido. La solidaridad tiene que trascender las iniciativas meramente momentáneas para que funja realmente como sostén de la sociedad como sujeto. Este es el camino para que una cultura y una civilización basadas en el amor sean posibles dentro de la historia.

227. En la subjetividad de una sociedad y de una Nación radica de manera originaria y plena la soberanía de un pueblo. La soberanía política o económica suponen la soberanía fundamental basada en la cultura y en el pueblo que constituyen la Nación.

228. Los cristianos, sin ser del mundo, viven en el mundo y sin tener aquí morada permanente, tienen por Patria la tierra en la que les tocó vivir. La fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, obliga a los cristianos a participar en toda actividad humana anunciando la Verdad que han encontrado. Sólo por ignorancia o por prejuicio puede sostenerse que la fe en Jesucristo deba quedar excluida de una auténtica incidencia en la vida social e institucional de nuestra Nación.

229. En México, la fe en Jesucristo anunciada por la Iglesia y el milagroso hecho Guadalupano han estado presentes en los orígenes de la Patria y en la configuración de la cultura nacional. Son ambos un componente histórico y cultural que configura la identidad de la Nación. Toca ahora a cada uno de los miembros de la Iglesia, según su vocación y tarea específica, contribuir a ensanchar y enriquecer tan rico caudal de humanidad y de fe mediante iniciativas solidarias y efectivas que respondan a las necesidades de todos sin excluir a nadie.

230. Los pastores de la Iglesia no ofrecemos soluciones técnicas. Sin embargo, desde la misión que nos es propia y desde la experiencia pastoral que poseemos al caminar al lado de nuestro pueblo, proponemos los principios de reflexión, los criterios de juicio y las directrices generales de acción que deben ayudar a los fieles laicos a realizar su vocación y misión en el mundo. Los Pastores tenemos el deber de hacer explícita a través de nuestra palabra la dimensión social del Evangelio.

231. Los fieles laicos a través de su acción han de buscar implementar con una perspectiva de fe, con competencia profesional y bajo su propia responsabilidad, las soluciones técnicas que correspondan.

232. En la Doctrina Social de la Iglesia los fieles laicos encontrarán luz suficiente para iluminar las complejas cuestiones políticas, económicas, culturales y sociales que reclaman un manejo acorde a la dignidad de las personas y al bien común. Sin la perspectiva que ofrece la Doctrina Social de la Iglesia, la vivencia de la fe de los fieles laicos corre el riesgo de corromperse: tornándose intimista y desvinculada de las exigencias ético-sociales del cristianismo; o asociándose a ideologías contrarias al evangelio.

Propósito central de la tercera parte

233. El propósito central de esta tercera parte consiste en mostrar cómo la solidaridad cristiana es cimiento para la construcción de la "subjetividad social" en tres aspectos particularmente urgentes e importantes de la vida de nuestra Nación:

  • el Estado como servidor de la Nación mediante el respeto y promoción de los derechos humanos y la cultura;
  • el desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres como marco y criterio para el progreso económico, especialmente de los más pobres;
  • la educación como oportunidad privilegiada para el fortalecimiento de una cultura de la democracia que permita la promoción de la persona humana, la participación y la representación social.

SECCIÓN I

EL ESTADO Y LA NACIÓN

234. La virtud de la solidaridad requiere del esfuerzo del pueblo por afirmarse como una Nación soberana de la cual el Estado es servidor. La Doctrina Social de la Iglesia nos ayuda a comprender una adecuada relación entre Estado y Nación.

Nuevo marco de convivencia enraizado en el origen de la Nación

235. Es ya común entre nosotros hablar de "muchos Méxicos" para referir las múltiples maneras que poseemos como pueblo para expresarnos, para relacionarnos y para comprendernos. Esta rica diversidad que nos constituye posee un sustrato común que nos permite también continuar reconociéndonos como un solo pueblo.

236. Precisamente la presencia maternal de la Virgen María y la fe de la Iglesia Católica, que han acompañado al pueblo de estas tierras a lo largo de su historia, han configurado el ser y la cultura de la Nación con valores específicamente cristianos. Estos valores facilitaron tanto el mestizaje entre pueblos como el mestizaje espiritual y cultural.

237. Desde la riqueza de ese proceso fundacional de orden religioso-cultural, que hizo abrazar y unir en una realidad nueva a personas, historias y culturas diferentes, comenzamos a ser signo histórico de una humanidad reconciliada. Sin prejuicios, podemos afirmar que somos un pueblo de pueblos, providencialmente situado como frontera entre comunidades humanas distintas que, luchando por salvaguardar su identidad, al mismo tiempo viven vertiginosamente el proceso ambivalente de la globalización.

238. Los valores contenidos en el acontecimiento guadalupano poseen una dimensión universal que los convierte en propuesta solidaria para establecer un renovado marco de convivencia para México y América entera.

El pueblo, la Nación y el Estado

239. No basta que exista una multitud de personas para constituir un pueblo; se requiere además que las personas y las familias se interrelacionen de modo estable y solidario. Todas las iniciativas que promuevan el bien, la verdad, la paz, la justicia y el respeto a los demás, contribuyen a que seamos un pueblo.

240. Este pueblo, en tanto que posee un origen común, establece lazos conscientes con su pasado, se proyecta hacia el futuro, y así se conforma como Nación. La Nación es una realidad histórica y cultural que confiere identidad a un pueblo determinado y a cada uno de sus habitantes, ayudándoles a avanzar en el cumplimiento de su vocación. Esta identidad se expresa en usos, costumbres, lengua y maneras particulares de vivir.

241. México, como Nación, ha existido desde hace casi cinco siglos a pesar de haber tenido diferentes modalidades de configuración política, entre las que destacan: el Virreinato, el Imperio, el ensayo de República central y la República federal. Esto se debe a que la Nación posee una soberanía anterior a la soberanía política del Estado.

242. Más aún, el Estado está llamado prioritariamente a servir a la Nación. Su naturaleza misma se lo exige: el Estado no es sino una comunidad política y jurídicamente organizada que, en un territorio y a través de un entramado institucional, debe colaborar a construir el bien común de la Nación por medio de la solidaridad.

243. El Estado no es la Nación, nunca debe confundirse con la Nación. Cuando no se distingue suficientemente esta importante diferencia, la historia se escribe de modo unilateral exaltando a unos y olvidando a otros de acuerdo a los intereses del poder. Las polarizaciones extremas que existen en la interpretación de nuestra propia historia nacional no se encuentran ajenas al fenómeno que mencionamos.

244. Juan Pablo II nos advierte: "La Nación es verdaderamente libre cuando puede configurarse como comunidad determinada por la unidad de la cultura, lengua e historia. El Estado es sólidamente soberano cuando gobierna la sociedad y sirve al mismo tiempo al bien común de la sociedad, y permite a la Nación realizarse en su propia subjetividad, en su propia identidad. (...) Vigilad, por todos los medios a vuestro alcance, la soberanía fundamental que posee cada Nación en virtud de su propia cultura".

245. Cuando un Estado impone una ideología particular al pueblo al que se debe, atenta gravemente contra la dignidad de las personas y contra la identidad y soberanía nacionales.

El pueblo mexicano ante los cambios

246. Los mexicanos vivimos no sólo en una época de cambios, sino en un verdadero cambio de época que transforma los referentes tradicionales de la existencia individual y colectiva en mayor o menor medida. Estos cambios son amplios y profundos e involucran todas las dimensiones de la vida.

247. Por ello, en este momento en el que esos referentes faltan o son débiles, es necesario que exista un esfuerzo consciente por manifestar el valor de los principios morales que, por estar fundados en la dignidad inalienable de la persona, son universales, permanentemente válidos y no están sujetos a los resultados de algún referéndum o plebiscito. Esto quiere decir que estos principios por estar inscritos en la naturaleza humana son por esencia inmutables y absolutos. Así mismo, estos principios por haber sido mostrados de un modo extraordinario a través del acontecimiento guadalupano están doblemente grabados en la entraña de nuestra Nación.

248. Dentro de estos principios están fundamentalmente la verdad, el bien, la justicia, el respeto y la promoción de la dignidad de la persona y de sus derechos humanos tanto los que nos corresponden como seres individuales, como aquellos que nos corresponden por ser miembros de una sociedad y una cultura determinadas.

249. A partir de ellos surgen como derivados otros principios que permiten una más sana articulación de la vida social tales como el bien común, la solidaridad, la subsidiaridad, la autoridad como servicio, la soberanía cultural, la soberanía política, y el amor preferencial -no exclusivo ni excluyente- a los más pobres, olvidados y desprotegidos.

250. Tomando como marco y referencia estos principios, es preciso que aumenten los esfuerzos de aplicación práctica de la Doctrina Social de la Iglesia por parte de los fieles laicos, para así colaborar a que nuestro "cambio de época" pueda tener una dirección y un fundamento ético que permitan orientar la transformación de nuestra sociedad de una manera más humana, y en el fondo más cristiana, a partir del reconocimiento de nuestra mutua relación y corresponsabilidad.

El sistema político mexicano en transición

251. Un cambio particularmente significativo es el que experimentan los procesos democráticos en México. Las estructuras, instituciones y grupos que tenían las decisiones sustanciales del país comienzan a dejar espacios a nuevas propuestas y convicciones gracias a una creciente cultura de participación ciudadana.

252. Por esta razón, más que de "crisis" o "cambio", en México hoy hablamos de transición democrática. Un signo es la incipiente alternancia en algunos órdenes de gobierno. Una más plena cultura de la democracia supone la posibilidad real de esta alternancia.

253. Sin embargo, como todo proceso de cambio, nuestra transición no posee un rumbo asegurado. Por ello, es necesario hacer un esfuerzo permanente de búsqueda de consensos y de reorientación de iniciativas basadas en principios que permitan mantener, entre todos, un rumbo fundamental que tienda a lograr el bien común paso a paso y con efectividad.

254. Así mismo, cabe insistir que la "transición" del país no se limita a los aspectos meramente electorales, sino a la reformulación de todo el sistema político que requiere de un discernimiento activo que delimite con precisión cuáles cosas deben mantenerse y por cuanto tiempo, y cuáles deben modificarse.

255. A este respecto, es necesario y urgente, para llevar a buen término la transición de nuestro país, actualizar la Constitución de la República a partir de una reconsideración de la dignidad de la persona, de sus derechos y obligaciones, de la historia de nuestra Nación y del nuevo escenario nacional e internacional que permita a nuestro pueblo tener una norma fundamental más acorde a nuestra realidad humana, cultural e institucional.

256. En esta materia conviene insistir en que la Declaración Universal de los Derechos Humanos suscrita por una gran cantidad de países en 1948, a los que se sumaría México, debe ayudar a nuestra sociedad y a sus representantes en el Congreso de la Unión a hacer explícito y manifiesto que toda ley tiene su fundamento en la dignidad inalienable de la persona humana y sus derechos fundamentales.

Posibilidad de una regresión autoritaria

257. En nuestro país no está excluido el escenario de una regresión autoritaria, aun por vía electoral. Si bien es importante reconocer la mejora cualitativa que han experimentado algunas de nuestras instituciones democráticas al momento de adquirir una mayor autonomía e independencia respecto del Estado, es también relevante señalar que aún existen deficiencias graves en el reconocimiento efectivo del derecho político al voto libre y secreto.

258. En efecto, aún en ciertos ambientes se realizan prácticas intimidatorias y coercitivas que disminuyen gravemente la libertad en el ejercicio del voto. Más aún, en algunos lugares se reconoce que existe el "voto del miedo", cuando la ignorancia y las múltiples pobrezas de nuestro pueblo son aprovechadas de un modo deshonesto para promover formas diversas de fraude electoral.

259. Es preciso afirmar con toda claridad que colaborar directa o indirectamente con el fraude electoral es un pecado grave que vulnera los derechos humanos y ofende a Dios.

260. Así mismo, los cambios sociales y políticos tantas veces anunciados pero no cumplidos colaboran a generar cansancio, desconfianza, abstencionismo y hastío en los ciudadanos. Aquellas propuestas políticas hechas en los medios de comunicación, que sólo se basan en imágenes y frases con predominio del impacto visual y auditivo, pero carecen de contenidos que inviten a la reflexión crítica y al análisis, crean un vacío informativo cercano al engaño y a la falsedad.

261. Por ello, es necesario insistir que una democracia, sin un entramado institucional y cultural fundado en valores y principios basados en la dignidad humana, fácilmente degenera en demagogia y en fórmulas políticas contrarias a la libertad y a la justicia.

262. Más aún, todo cambio de estructuras, para que sea provechoso, necesita de un soporte educativo y cultural sólido, apoyado en el reconocimiento de los derechos humanos y sus deberes correlativos, y en una recta comprensión del bien común y sus exigencias. La democracia sólo prospera con la educación cívica, la promoción del orden público y la justicia social. El estado de derecho es su condición y expresión esencial.

Una cultura de la legalidad y de la justicia

263. En algunos ambientes el incumplimiento de la ley se ha extendido a tal grado que es común hablar de corrupción, experimentar hechos de violencia y lamentar la impunidad. Los asaltos y los secuestros lesionan gravemente a las comunidades y violan el derecho de todos a una vida en paz. El narcotráfico ha penetrado numerosos ambientes e instituciones destruyendo a su paso los valores de la cultura de la vida. No es posible negar que se ha incrementado el desorden público y la inseguridad por la falta de observancia del estado de derecho.

264. Es más, no parece disminuir la desconfianza de la ciudadanía en la imparcialidad y eficacia de los ministerios públicos, de los jueces y demás instancias relacionadas con la prevención del delito y la procuración y administración de la justicia. Los esfuerzos realizados por detener esta situación, aunque meritorios, no arrojan suficientes resultados positivos.

265. Sin negar la importancia de las medidas coercitivas en la prevención del delito y cumplimiento de la ley, la solución radica en las convicciones profundas, "en el corazón del hombre", decía Jesús (Cf. Mc 7, 21), y en la creación de las condiciones indispensables para el bien integral de las personas. La autoridad pública es, ante todo, una autoridad moral y, aunque constituida legítimamente, necesita validarse mediante el servicio a la sociedad, velando por la observancia del derecho y la justicia.

La Iglesia, al servicio de la reconciliación social

266. La Iglesia no sólo colabora al bien común con sus enseñanzas y doctrina sino también abriendo espacios para el encuentro, el diálogo y la reconciliación. Así lo hace cotidianamente en las asambleas litúrgicas, fiestas y celebraciones y, cuando es necesario y se lo solicitan, mediando entre quienes buscan caminos para el reencuentro efectivo dentro del ámbito social. Esta es parte de la misión reconciliadora de la Iglesia que como sacramento de unidad en la comunidad humana, ha de colaborar siempre de manera positiva en la solución de conflictos (Cf. 2Cor 5, 18-21).

267. Hacemos nuestra la súplica entusiasta del Papa Juan Pablo II: "ÁDios te bendiga, México!, que te esfuerzas por desterrar para siempre las luchas que dividieron a tus hijos, mediante un diálogo fecundo y constructivo. Un diálogo en el que nadie quede excluido y acomune aún más a todos sus habitantes, a los creyentes fieles a su fe en Cristo y a los que están alejados de Él. Sólo el diálogo fraterno entre todos dará vigor a los proyectos de futuras reformas, auspiciadas por los ciudadanos de buena voluntad, pertenecientes a todos los credos religiosos y los diversos sectores políticos y culturales".

Colaborar a un nuevo proyecto al servicio de la Nación

268. Como hemos dicho más arriba, la Nación es una realidad histórica y cultural que nos hermana a todos gracias a un origen y a un destino común. La Nación nos da identidad y pertenencia a una comunidad y a un pasado que es necesario continuar. Por ello, la Nación no es una realidad por inventar sino una herencia que es preciso continuar y acrecentar sin perder nunca todo lo que de bueno ya hemos adquirido.

269. Con esta premisa, más que de un proyecto de Nación lo que nuestro país necesita es un proyecto al servicio de la Nación. Toda la sociedad y todos sus representantes debemos buscar un consenso sobre lo que tenemos que lograr, basados en la identidad y pluralidad que poseemos como sociedad, en la dignidad humana y en el bien común. Dicho de otra manera, el pueblo mexicano, en un clima de diálogo y respeto a los derechos y deberes que brotan de la naturaleza humana, tiene la oportunidad de construir un proyecto solidario, plural e incluyente, al servicio de las personas, de las familias, de sus valores y de su historia.

El papel de los fieles laicos

270. Esta es una tarea en la cual los fieles laicos poseen una peculiar responsabilidad debido a que a ellos está encomendada la renovación del orden temporal. Los fieles laicos cumplen su vocación cristiana principalmente en las tareas seculares. Su colaboración en el ámbito intraeclesial, si bien es relevante, no debe suprimir aquello que constituye su misión propia y específica dentro de la sociedad y de la Iglesia.

271. Para los fieles laicos es una omisión grave abstenerse de ser presencia cristiana efectiva en el ambiente en el que se desenvuelven. No pueden eludir el compromiso de afirmar en todo momento con coherencia y responsabilidad los valores que se desprenden de la fe. Es moralmente inaceptable que un laico traicione tácita o explícitamente los valores del evangelio en la vida social, y más si posee una responsabilidad pública de cualquier índole.

272. Las dificultades e incomprensiones que los fieles laicos experimenten al momento de dar testimonio público de la fe, son parte del camino de santificación que Jesucristo les propone al momento de invitarlos a su seguimiento. La santidad es una vocación a la que todos estamos llamados. Jesucristo y María Santísima nunca desamparan a quienes responden a la gracia con valor y decisión, sobre todo cuando los talentos recibidos de parte de Dios son requeridos para el bien del prójimo y de la sociedad en su conjunto.

273. Más aún, los fieles laicos han de ver en la participación política un camino arduo pero privilegiado para su propia santificación. La actividad política no es para los laicos el único modo de cumplir con su vocación. Sin embargo, sí es parte constitutiva e irrenunciable de sus responsabilidades ante Dios y ante la Nación.

Fieles laicos, estado de derecho y tolerancia

274. Un estado de derecho donde los fieles laicos colaboran a la creación de condiciones de justicia y equidad para todos, no impone ninguna propuesta religiosa de modo institucional sino que trabaja activamente a favor del derecho a la libertad religiosa de las personas y de las iglesias. Es necesario que los fieles laicos actúen de modo individual y organizado, junto con las personas de otros credos y con los ciudadanos de buena voluntad, para que el Estado siempre preserve los derechos y las libertades de todos por igual.

275. Así mismo, un auténtico estado de derecho no puede ser indiferente o neutral cuando los valores fundamentales de la persona, la familia y la cultura son cuestionados en la vida pública. Si bien es cierto que un elemento esencial de una sociedad libre y plural es la tolerancia, también es cierto que la tolerancia que acepta acríticamente cualquier cosa se vuelve en contra de ella misma.

276. Por lo tanto, es preciso respetar los fundamentos inviolables que permiten que una sociedad plural no se derrumbe. Estos fundamentos no son otros que los derechos y deberes que brotan de la inalienable dignidad humana y que no deben ser aplicados o reconocidos selectivamente, sino que siempre y en todo momento han de ser respetados y promovidos.

Fieles laicos, "laicidad del Estado" y libertad religiosa

277. La "laicidad del Estado" no significa de ningún modo la promoción de ideologías anti-religiosas o a-religiosas, que violan el derecho a la libertad religiosa bajo el pretexto de una supuesta "neutralidad" estatal.

278. Su similitud aparente con el término "laico" usado frecuentemente por la Iglesia para hablar de los fieles llamados a la transformación del mundo según Cristo, nos obliga a precisar cómo ha de entenderse rectamente la expresión "laicidad del Estado".

279. Entendemos y aceptamos la "laicidad del Estado" como la a-confesionalidad basada en el respeto y promoción de la dignidad humana y por lo tanto en el reconocimiento explícito de los derechos humanos, particularmente del derecho a la libertad religiosa. Esto por un lado trae como consecuencia que el Estado debe respetar a todas las iglesias y a los creyentes que participan en ellas, con el único límite que establecen las exigencias de la justicia y del bien común.

280. Así mismo, el reconocimiento auténtico del derecho a la libertad religiosa implica necesariamente que los habitantes del país puedan ejercerlo en sus actividades privadas y públicas. Por ello, es contrario a la dignidad humana restringirlo al culto o impedir su ejercicio en campos como la educación pública y la participación cívico-política.

281. El respeto que el Estado debe a las iglesias, a las asociaciones religiosas y a cada uno de sus miembros excluye la promoción tácita o explícita de la irreligiosidad o de la indiferencia como si al pueblo le fuera totalmente ajena la dimensión religiosa de la existencia. Más bien, es una obligación del Estado proveer los mecanismos necesarios y justos para que, quienes deseen para sus hijos educación religiosa, la puedan obtener con libertad en las escuelas públicas y privadas.

282. El respeto que el Estado debe a las Iglesias y a las asociaciones religiosas implica el reconocimiento igualitario de todas en cuanto instituciones. Sin embargo, es legítimo precisar que no todas poseen la misma representatividad y, por lo tanto, que no todas colaboran de la misma manera y grado al bien común. El derecho exige que la diferente aportación a la Nación sea también reconocida en justicia.

Estado, derecho a la vida y responsabilidad de los fieles laicos

283. Otra importante obligación primaria del Estado consiste en velar y defender el derecho natural de todo ser humano a la vida y a la integridad física desde la concepción hasta la muerte. Si una ley positiva "priva a una categoría de seres humanos de la protección que el ordenamiento civil les debe, el Estado niega la igualdad de todos ante la ley. Cuando el Estado no pone su poder al servicio de los derechos de todo ciudadano, y particularmente de quien es más débil, se quebrantan los fundamentos mismos del estado de derecho". Por ello, ningún católico debe apoyar las propuestas sociales o políticas que favorezcan acciones contra la vida como el aborto o la eutanasia.

284. Los fieles laicos deben colaborar junto con todas las personas de buena voluntad para que los derechos humanos en general, y el derecho a la libertad religiosa y a la vida en particular, sean formalmente reconocidos con toda su amplitud y profundidad a través de la ley.

La libertad política de los fieles laicos

285. Cuando los obispos hablamos sobre los distintos problemas sociales que afectan a nuestro pueblo, insistimos en que nuestra labor es prioritariamente pastoral y nunca partidista, por la fidelidad que debemos al Buen Pastor que cuidó y veló por todas sus ovejas.

286. Sin embargo, es preciso afirmar con claridad que esa responsabilidad, que abarca todos los aspectos de la vida, respeta profundamente la opción personal que los fieles laicos pueden tener al momento de realizar opciones político-partidistas. La Doctrina Social de la Iglesia les ofrece a los fieles laicos principios, criterios y directrices para orientar su libertad pero sin pretender jamás sustituirla. La solidaridad y el compromiso auténtico de la Iglesia con todos siempre debe salvaguardar la libertad de todos.

287. Este respeto es fundamental. Por ello, la Iglesia no se cansará en insistir que una misma fe puede dar lugar a diversos compromisos políticos, con los que Ella como institución jamás debe asociarse.

Contribuir todos al bien de México

288. Leer e interpretar los "signos de los tiempos" es parte constitutiva del ministerio de los obispos. Por ello, ponemos a consideración de la sociedad mexicana algunos temas que creemos es preciso que todos revisemos con cuidado y atención. Cada quien, de acuerdo al lugar que ocupa en la sociedad y al servicio que está llamado a prestar, sabrá responder de manera concreta al desafío que estas realidades nos presentan. Confiamos en que con responsabilidad y creatividad podremos todos juntos:

289. Ampliar el marco de convivencia entre grupos y sociedad a través de mayores espacios de diálogo, participación y representación que favorezcan la solidaridad y la subsidiariedad, para que todos podamos colaborar en el bien común de la Nación.

290. Clarificar los derechos y deberes propios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para que exista la colaboración, el diálogo y la separación efectiva entre ellos de modo que se eviten el chantaje, la incomunicación o la invasión de campos en los que los poderes poseen una legítima autonomía e independencia.

291. Profundizar en el proceso de reforma del Poder Judicial,que si bien ha mejorado en los últimos tiempos requiere consolidar su imparcialidad, su oportunidad al momento de juzgar y su legítima autonomía respecto de los otros poderes. Es preciso que quienes integran el Poder Judicial sancionen de una manera justa a quienes transgredan la ley aplicando penas proporcionales al delito cometido y a su circunstancia específica evitando particularmente la impunidad, la corrupción, el autoritarismo, la discrecionalidad y la venganza.

292. Revisar el modo como está articulado y puesto en práctica actualmente el estado de derecho para que México goce de un Estado organizado en torno a leyes justas, basadas en el respeto universal a la persona humana y a los derechos que brotan de su naturaleza y dignidad.

293. Definir las premisas fundamentales del desarrolloeconómicoque queremos, para lograr una mayor equidad y mejores condiciones para la producción y distribución de la riqueza, a través de una economía de empresa respetuosa de los debidos límites éticos, sociales y jurídicos.

294. Perfeccionar el modelo educativo, para que afirme, sin exclusión de ninguna especie, el derecho al desarrollo integral y armónico de la persona humana a través del cultivo de conocimientos, habilidades prácticas y virtudes morales basadas en valores objetivos. Así, las nuevas generaciones podrán poseer una conciencia rectamente formada, con un sano sentido crítico, con capacidades reales de participación y creatividad, que les permitan realizarse plenamente en la vida.

295. Reconocer en plenitud a través de los procedimientos legales pertinentes el derecho de los padres a la educación de sus hijos. No responde a las exigencias de la dignidad humana la imposición de una sola propuesta educativa o la supuesta neutralidad de la educación en temas y problemas donde los padres deben escoger, sin coacción de ningún tipo, la orientación que vaya más de acuerdo con sus convicciones y creencias.

296. Orientar éticamente el servicio de los medios de comunicación,para que comprendan que su misión de informar, educar y entretener debe, por su propia naturaleza, servir a la dignidad de las personas y a la preservación e incremento de la cultura nacional. Es preciso que exista una normatividad básica para que el derecho a la libertad de expresión no lesione los derechos de las personas y de la comunidad.

297. Reconocer y promover las diversas culturas que integran nuestra Nación, para que nunca el poder del Estado o del mercado las vulnere, sino que las respete en su legítima soberanía. De esta manera, las culturas que integran nuestra Nación podrán fungir como el subsuelo cualitativo sobre el que cada comunidad construye su futuro y se integra a la dinámica social, económica y política a escala nacional y mundial.

298. Mejorar la manera como promovemos a las comunidades y a las culturas indígenas en el contexto de nuestra Nación, para que sin mermar la legítima autonomía que poseen se logre una adecuada y respetuosa integración de sus aportes y riquezas particulares, a través de los cambios jurídicos necesarios para tal efecto. Toda cultura y etnia son realidades dinámicas que han de desarrollarse en fidelidad a su identidad y con apertura al contexto en el que viven. Por ello, tan peligroso es para las comunidades indígenas abrirse indiscriminadamente a procesos que destruyen su aporte específico, como cerrarse a la posibilidad de una eventual evolución que responda entre otras cosas, al mundo que las rodea.

299. Hacer efectivo el federalismo, para que se logre la legítima autonomía y articulación de los diversos órdenes de gobierno y de las entidades federativas entre sí, respetando los principios de subsidiaridad, solidaridad y bien común.

300. Ayudar a que el desempeño de las fuerzas armadas sea cada vez más un servicio a la Nación, es decir, al pueblo con sus valores e historia, respetando y protegiendo los derechos y las libertades de todos.

301. Reconocer explícitamente el derecho a la objeción de conciencia. A nadie se puede obligar a actuar en contra de sus convicciones en materia política, religiosa o moral, siempre y cuando queden a salvo los legítimos derechos de los demás. A este respecto conviene subrayar la importancia que posee este derecho en el ámbito de la sociedad contemporánea, especialmente en el campo de la salud y de la biotecnología, en el terreno de la administración pública, en los medios de comunicación y en la labor educativa. Por supuesto, todos tenemos el grave deber de buscar la verdad y el bien, de formar rectamente la conciencia a sabiendas de que ésta puede equivocarse.

302. Adecuar la normatividad jurídica que regula las relaciones de las iglesias con el Estado, para continuar con el proceso que busca lograr un "reconocimiento pleno y efectivo de la libertad religiosa, fruto y garantía de las demás libertades civiles". Este sería un paso hacia delante en el reconocimiento pleno de los derechos humanos.

303. Definir a la luz de los derechos humanos y sus deberes correlativos el modo como nos relacionamos frente a las naciones del mundo globalizado, para que conscientes de nuestra privilegiada situación geográfica se aprovechen las ventajas de la misma sin afectar las condiciones que hacen soberanos a nuestro Estado y a nuestra Nación, y que posibilitan auténticamente el desarrollo sustentable: respeto y protección del medio ambiente, responsabilidad social de las actividades productivas y promoción de nuestra identidad cultural.

Trabajar al servicio de la Nación

304. Somos conscientes de que los años futuros exigen un esfuerzo particular para consolidar un camino donde el Estado sirva a la Nación, y ésta preserve su identidad reconociendo con claridad y sin polarizaciones la historia patria y sus valores. Por ello, llamamos a todos los ciudadanos a trabajar con responsabilidad y entusiasmo por un México más unido, más democrático y con más oportunidades de participación para todos.

305. Nuestra fe en Jesucristo nos invita a "conseguir los consensos que nos permitan la unidad en los grandes criterios iluminadores que nos lleven a alcanzar el país que queremos para todos." Más aún, debemos "poner los cimientos sólidos que nos lleven a conseguir la unidad dentro de la legítima diversidad" de nuestra gran Nación. Es preciso trabajar permanentemente a favor de ello. Dios espera una respuesta generosa por parte de todos nosotros por los dones que gratuitamente nos ha concedido a través de la historia.

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