CAPÍTULO IV
Retos y propuestas ante
la POLÍTICA migratoria
56. Los Estados Unidos y México comparten una relación
especial que requiere un atento enfoque en los intereses comunes. Las
realidades de la migración entre ambas naciones exigen políticas migratorias
que den amplia respuesta al fenómeno y sean implementadas en forma coordinada.
La relación actual queda debilitada por políticas inconsistentes, divergentes y
unilaterales que, en muchos casos, se dirigen a atender los síntomas y no las causas del fenómeno migratorio.
57. Este es el momento para que tanto los Estados Unidos
como México, enfrenten la realidad de la globalización y trabajen por la
globalización de la solidaridad. Hacemos un llamado a ambos gobiernos
para que cooperen con el objetivo de implementar políticas migratorias
coordinadas, que faciliten flujos legales y generosos de migrantes entre ambas
naciones. Así como ambos gobiernos han reconocido la integración de sus
intereses económicos por medio del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), es hora de que armonicen sus políticas migratorias, de tal forma
que se respete la dignidad del migrante y se reconozcan las consecuencias
sociales de la migración.
58. Teniendo presentes las metas anteriores, sometemos a
la consideración de ambos gobiernos varias recomendaciones relacionadas a sus
políticas migratorias, que consideran las causas profundas de la migración, la
creación de vías legales, y la implementación de políticas humanitarias de
control migratorio. Estas recomendaciones se dirigen a las políticas
gubernamentales de México y Estados Unidos, ya que ambos países reciben
inmigrantes.
Causas profundas de la migración
59. Como lo hemos declarado, las personas deben
tener la oportunidad de permanecer en su tierra natal y encontrar en ella una
vida plena para ellos mismos y para sus familias. Esta es la situación
ideal a la que tanto el mundo entero como ambos países deben aspirar, en la
cual los flujos migratorios se deban a una decisión y no a una necesidad. Para
lograr la meta anterior es de gran importancia desarrollar las economías de los
países en que se originan las emigraciones, incluyendo a México.
El envío de remesas: medular para la vida de muchas familias mexicanas
Los inmigrantes
mexicanos que trabajan en los Estados Unidos envían porcentajes importantes de
sus salarios a sus familiares en México. Por medio de las llamadas
“remesas”, los trabajadores envían a sus seres queridos de $8 a $10 mil
millones de dólares anuales, ganados con el sudor de su frente, y que
representan una de las fuentes más importantes de divisas en México.
Actualmente, las empresas privadas que prestan este servicio cobran precios muy
elevados (hasta el 20%). Posiblemente se puedan diseñar algunas maneras
más eficientes de enviar estos fondos a México, para que estos lleguen a
quienes realmente los necesitan. Asimismo, sería posible llegar a acuerdos con
estas empresas para que una parte de sus utilidades se destine a apoyar
proyectos de desarrollo en México, como la construcción de carreteras,
alcantarillado, clínicas, etc. Este acercamiento podría ampliarse por
medio de convenios con los gobiernos estadounidense y mexicano, con los que se
comprometan a complementar estos fondos y contribuir así al desarrollo
sustentable de las economías locales.
60. Lo único que facilitará oportunidades reales de
trabajo para los trabajadores mexicanos —que permitan quedarse en casa y
mantener a sus familias— es un esfuerzo a largo plazo que ajuste las
desigualdades económicas entre los Estados Unidos y México. La Iglesia ha
identificado una y otra vez a la desigualdad entre las naciones como un
desorden global que debe atenderse. En la relación bilateral de nuestros
países hemos sido testigos de políticas económicas que no consideran adecuadamente
el bienestar de aquellos pequeños empresarios y propietarios que luchan para
sobrevivir. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha
dañado a las microempresas mexicanas, especialmente en el campo. Ambas
naciones deben reconsiderar el impacto de estos tratados sobre aquellos que
intentan ganarse la vida con sus pequeños negocios.
61. La creación de oportunidades de empleo en México
ayudaría a reducir la pobreza y a mitigar el incentivo que tantos tienen para
buscar trabajo en los Estados Unidos. Es de suma importancia que se implementen
políticas económicas que creen empleos con salarios dignos, especialmente para
ciudadanos mexicanos que no cuentan con habilidades laborales especializadas.
Es necesario implementar proyectos de desarrollo enfocados a los municipios y
zonas rurales que tradicionalmente tienen altos índices de emigración. Así
mismo, deben diseñarse proyectos y destinarse recursos a las pequeñas empresas
y al campo mexicano.
62. Debido a que las regiones fronterizas se han
convertido en puntos claves del fenómeno migratorio, también es necesario
encauzar recursos a la frontera entre los Estados Unidos y México. Estos
recursos adicionales resultarían en un aumento de apoyo a los migrantes, con
sus necesidades inmediatas por parte de los residentes fronterizos. Hacemos
hincapié en la urgencia de implementar proyectos conjuntos de desarrollo que
faciliten el fortalecimiento de las economías de esta región, para que sus
residentes puedan continuar viviendo y trabajando en un espíritu de
colaboración. Los líderes de la Iglesia deben trabajar con las
comunidades locales de las regiones fronterizas de Estados Unidos y México, y
México y Guatemala, para apoyarlas en la superación de sus miedos y prejuicios.
Creación de vías legales para la migración
63. Los Estados Unidos y México están viviendo una
integración económica, social y cultural sin precedente, por lo que es urgente
que ambos gobiernos reconozcan formalmente esta realidad, implementando
reformas en los sistemas migratorios de ambos países.
La inmigración debe basarse en el principio de la unidad familiar
64. Como pastores, nos preocupa la manera en que
obstaculizan la unidad familiar el conjunto de leyes, políticas, reglamentos y
prácticas migratorias que ambos países ejercen. Aunque la mayoría de los
mexicanos llegan a Estados Unidos para buscar trabajo, muchos lo hacen para
reunirse con familiares.
65. Desgraciadamente, el sistema migratorio de Estados
Unidos impone límites al número de visas que pueden otorgarse a familiares de
residentes permanentes oriundos de México. Este límite, junto con el
retraso de las solicitudes para documentos migratorios, se ha traducido en
tiempos de espera inaceptables para la reunificación legal de marido y mujer, y
padres e hijos. Por ejemplo, el cónyuge o hijo menor de un residente permanente
mexicano puede tener que llegar a esperar hasta aproximadamente ocho años para
obtener la visa correspondiente, a fin de reunirse en Estados Unidos con sus
seres queridos. Así, padres y cónyuges se ven forzados a tomar una dura
decisión: emigrar a Estados Unidos sin los documentos necesarios, y cumplir el
compromiso moral que se tiene con la familia, o esperar dentro del sistema y
enfrentar la separación indefinida de sus seres queridos.
66. Esta decisión y política son inaceptables y de hecho
terminan fomentando la migración indocumentada. Con el fin de asegurar la
unidad familiar, es necesaria una reforma al sistema migratorio estadounidense
con relación a México. Es indispensable un nuevo marco que otorgue más
oportunidades a las familias mexicanas, para que puedan reunirse legalmente con
sus seres queridos en los Estados Unidos. 17 Tal
acción ayudaría a mitigar la larga espera y disminuiría la migración
indocumentada entre Estados Unidos y México.
67. La unidad familiar también se debilita en el momento
que quedan desprotegidos los hijos de los inmigrantes. En los Estados Unidos,
debe mantenerse el derecho a la ciudadanía por nacimiento, como un principio
importante de la Ley de Inmigración del país. En México hay algunos casos en
que se les ha negado a niños recién nacidos el acta de nacimiento, y por lo
tanto la nacionalidad mexicana, debido a que sus padres, originarios de otras
partes, son indocumentados. La Constitución Mexicana garantiza, y el
Artículo 68 de la Ley General de Población establece el derecho que estos niños
tienen de recibir sus documentos al nacer, junto con los derechos que éstos les
confieren. De lo contrario, es posible que después estos niños no cuenten con
acceso a atención médica, educación y otros servicios básicos. El derecho
a una identidad y una nacionalidad están protegidos por tratados
internacionales.
Legalización
de los indocumentados
68. Alrededor de 10.5 millones de mexicanos viven en
Estados Unidos actualmente; 5.5 millones de ellos en forma legal y el resto en
calidad de indocumentados. Cada año, alrededor de 150,000 inmigrantes
mexicanos ingresan a los Estados Unidos sin autorización previa, y trabajan en
industrias como la agricultura, servicios, entretenimiento y construcción. 18 A
pesar de la retórica de grupos anti-inmigrantes y algunos funcionarios, los
inmigrantes trabajan con la complicidad tanto del Gobierno como de los
empresarios.
69. Un amplio programa de legalización beneficiaría no
solamente a los trabajadores migrantes sino también a ambas naciones.
Estados Unidos, al legalizar a la numerosa población de indocumentados
procedente de muchas naciones, estabilizaría el mercado laboral de ese país,
cuidaría la unidad familiar y mejoraría la calidad de vida de las comunidades
migrantes. Más aún, los trabajadores migrantes, muchos de ellos ya establecidos
en sus comunidades, continuarían contribuyendo a la economía estadounidense.
70. En el caso de México, la legalización mantendría el
flujo de remesas, y le permitiría a los migrantes un viaje seguro y legal a
casa si desean regresar. Adicionalmente, tal legalización apoyaría la seguridad
nacional al aminorar el miedo en las comunidades inmigrantes y alentar a
las personas indocumentadas a ser miembros activos de la sociedad. La
legalización de estas personas representa una política pública sana, y debería
ser parte de cualquier tratado migratorio entre los Estados Unidos y
México. Para lograr un trato equitativo hacia todas las nacionalidades,
el Congreso de los Estados Unidos debe adoptar un programa de legalización para
todos los inmigrantes, sin importar su país de origen.
71. En el caso de México, los programas de legalización
implementados por el Instituto Nacional de Migración son un buen inicio.
Los beneficios de estos programas son evidentes para los migrantes, al poder
trabajar con protecciones laborales básicas y también para el Gobierno
mexicano, el cual obtiene una idea más realista de la población que vive en el
país. Esperamos que el Gobierno dé mayor publicidad a programas futuros,
así como mayores informes al público, incremente el número de personal asignado
a su ejecución, mejore su capacitación y baje el costo al solicitante, pues en
el pasado esto ha sido desventaja para las personas con bajos recursos. 19
Programa
de trabajadores temporales
72. En el contexto de la relación bilateral entre los
Estados Unidos y México, los Estados Unidos requieren de la mano de obra
mexicana para el mantenimiento de una economía sana. Por tanto, deben
hacer un esfuerzo especial por instrumentar vías legales para que los
trabajadores mexicanos encuentren en los Estados Unidos empleos que les
proporcionen un salario digno, junto con las prestaciones y protecciones laborales
justas. El sistema migratorio laboral estadounidense debería reformarse para
establecer programas adecuados a menor costo de visas permanentes para trabajadores migratorios, así como de visas temporales que cuenten con
las protecciones necesarias para los trabajadores. Se requiere un sistema
transparente, ágil y eficiente. La reforma de los programas debe
acompañar a un programa legislativo de bases amplias.
73. Es conveniente contar con un cierto número de visas
laborales que permita a los trabajadores ingresar a los Estados Unidos como
residentes legales permanentes. Dos de los factores que deberían considerarse
al asignar estas visas son: los lazos familiares y, los antecedentes laborales
del solicitante en los Estados Unidos. Otra categoría de visas podría
otorgar la residencia permanente como reconocimiento a aquellos que han
trabajado durante largo plazo, asegurando así la protección de sus derechos
laborales.
74. La reforma de los programas estadounidenses de
trabajadores temporales resulta aún más problemática. El primer programa formal
agrícola, conocido como el programa “Bracero”,
finalizó en 1964 como consecuencia de la documentación de amplios abusos en
contra de los trabajadores mexicanos. El programa actual, que permite el
ingreso de más de treinta mil trabajadores, está marcado por fallas en el
cumplimiento de su reglamentación, así como por salarios y prestaciones
insuficientes para mantener una familia.
75. Sin embargo, reconocemos que para proporcionar una
alternativa seria a la migración indocumentada, es necesario que se establezca
una vía legal que asegure la protección de los derechos de los trabajadores
extranjeros en el mercado laboral estadounidense. Para prevenir el abuso contra
los trabajadores en un futuro, cualquier nuevo programa debe:
-
otorgar a todos los trabajadores extranjeros, incluyendo a los mexicanos, los mismos beneficios, salarios, protecciones laborales y posibilidad de empleo que a cualquier trabajador estadounidense;
- facilitar la unidad familiar;
- y conceder a los trabajadores la posibilidad de transitar con facilidad y seguridad entre los Estados Unidos y su país natal.
Tal programa debe
hacer uso de mecanismos sólidos que aseguren su cabal cumplimiento, y ofrecer a
los trabajadores la opción de ser residentes legales permanentes en un espacio
de tiempo definido. Más aún, los Estados Unidos y México deberían concluir un
acuerdo relacionado al seguro social, que les acredite a los trabajadores sus
beneficios durante su participación en el programa.
76. Un programa diseñado correctamente reduciría la
cantidad de personas que emigran de México a Estados Unidos como
indocumentados, aminorando los reclamos de quienes solicitan mayor vigilancia
fronteriza, y el recurso a traficantes de personas y contrabandistas sin
escrúpulos.
77. Más aún, con el objetivo de respetar los derechos
laborales de los trabajadores nacidos en el extranjero, Estados Unidos debería
convertirse en signatario de la “Convención de la Organización de las Naciones
Unidas para la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores
Migratorios y sus Familiares”, la cual establece los principios para la
protección de los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores
migrantes. 20 México,
ya signatario, debe adecuar su normatividad interna para respetar sus
principios sin las reservas actuales.
Políticas humanitarias de control migratorio en México y los Estados Unidos
Estrategias
de control migratorio
78. La Iglesia Católica reconoce el derecho y la
responsabilidad que tiene todo Estado soberano de controlar sus fronteras y
proteger los intereses de seguridad de sus ciudadanos. Por lo tanto,
reconocemos el papel que tienen los gobiernos de Estados Unidos y de México de
interceptar a los migrantes indocumentados que intenten transitar o cruzar por
sus territorios; sin embargo, lo que no aceptamos, son las políticas y
estrategias que ambos gobiernos han utilizado para cumplir con esta responsabilidad.
79. Los hombres y las mujeres que trabajan en las
agencias responsables de aplicar la ley en la frontera entre México y Estados
Unidos, tienen trabajos difíciles que requieren de largas horas en condiciones
que pueden llegar a ser extremas. Desafortunadamente, las políticas
migratorias que ejecutan han tenido el efecto de socavar la dignidad humana de
los migrantes y de crear relaciones de violencia y confrontación entre migrante
y autoridad. Es necesario que se tomen medidas para la creación de un ambiente
en el que la fuerza se utilice solamente en circunstancias de extrema
necesidad, y de ser el caso, que mantengan la integridad física tanto del
migrante como de la autoridad. Lo anterior no requiere solamente una
revisión y reforma de las estrategias actuales, sino un rediseño de las
políticas que ambos países utilizan para ejecutar sus leyes migratorias.
80. Es alarmante que con frecuencia las autoridades de
ambos países traten a los migrantes como criminales. Se ha creado una
atmósfera en la que se discrimina y abusa de los inmigrantes como consecuencia
de actitudes anti-inmigrantes latentes tanto en México como en Estados
Unidos. Hay reportes demasiados frecuentes de los abusos por parte de
agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y autoridades mexicanas,
que incluyen el uso excesivo de la fuerza y la práctica de esposar las muñecas
y tobillos de los migrantes.
81. En los Estados Unidos se han documentado abusos
frecuentes en contra de los migrantes. Cabe resaltar, sin embargo, que la
gran mayoría de los agentes de la Patrulla Fronteriza se comportan con respeto
y en forma profesional, pero sí existe un número de ellos que comete abusos,
por los que no son sometidos a rendir cuentas ante el Gobierno estadounidense. 21
82. Además, es vergonzoso el trato que los Estados
Unidos le han otorgado a los migrantes menores indocumentados procedentes de
México y otros países. Los niños mexicanos interceptados a lo largo de la
frontera con Estados Unidos, en ocasiones quedan detenidos durante varios días,
en edificios cuyas condiciones dejan mucho que desear, hasta que puedan ser
repatriados. A los niños procedentes de México y de otros países de
Centroamérica, también se les niega la posibilidad de consultar a un abogado,
pariente o tutor, o inclusive de solicitar asilo. Debe darse punto final
a estas prácticas. Los menores migrantes que no estén acompañados deben
recibir una consideración y trato especiales: no deben ser sujetos de las
mismas políticas que los adultos.
83. En México, la aplicación de las leyes migratorias
mediante el uso específico de criterios racistas para identificar a migrantes
que intentan llegar a Estados Unidos, ha estado marcada por la corrupción,
atropellos, y abuso sistemático de los derechos humanos. Es común que los
migrantes se vean obligados a sobornar a las autoridades mexicanas para
continuar su camino, o de lo contrario arriesgarse a una golpiza y retorno forzado
a la frontera sur. Como consecuencia de la ausencia de derechos y
políticas que obliguen a los migrantes indocumentados a mantenerse alejados de
pequeñas zonas urbanas, los migrantes sufren a manos de asaltantes que les
roban y ultrajan, aun en las regiones fronterizas entre Ciudad Hidalgo, México
y Tecún Umán, Guatemala. Tenemos conocimiento de migrantes centroamericanos que
pagan miles de dólares a “coyotes” para que los crucen por el territorio
mexicano, pero que, en algunos casos, son secuestrados por éstos.
84. Aunque reconocemos que el Gobierno mexicano ha
mejorado la administración del sistema migratorio en el país, y que intenta
imbuirlo de un pleno estado de derecho, la política migratoria mexicana
permanece opaca y contradictoria. La corrupción continúa debilitando al
sistema migratorio mexicano y daña al bien común. Instamos al Instituto
Nacional de Migración, a fortalecer la participación de las organizaciones de
la sociedad civil en sus Consejos Consultivos Delegacionales, 22 pudiendo
ser factores para conseguir una sana transparencia en el sistema migratorio del
país.
85. Con el objetivo de evitar estos excesos, ambos
gobiernos deben crear programas de entrenamiento para sus oficiales, que les
enseñen tácticas de control migratorio más apropiadas. Instamos a los
gobiernos de Estados Unidos y México a que integren el respeto a los derechos
humanos en sus programas de estudio, para que las autoridades encargadas de
ejecutar las leyes migratorias sean más sensibles al trato que han de dar a los
migrantes indocumentados. Las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a
diócesis y parroquias, pueden apoyar a las autoridades implicadas en esta
tarea. 23 Así
mismo, es recomendable que la ejecución de las leyes migratorias esté limitada
a las autoridades federales (el Servicio de Inmigración y Naturalización junto
con la Patrulla Fronteriza en el caso de Estados Unidos, y el Instituto
Nacional de Migración junto con la Policía Federal Preventiva en el caso de
México), y no a policías municipales desconocedoras de la materia y que cuentan
con otras prioridades. No debe hacerse uso de personal militar para la
ejecución de las leyes migratorias en la frontera terrestre de cualquiera de
los países.
Los indígenas merecen consideración especial
La tierra ancestral de
los Pápagos (Tohono O´odham)
entre Estados Unidos y México no reconoce fronteras y lo mismo sucede con
la tierra de los Yaquis. Deben respetarse los derechos de los miembros de estas
tribus en cuanto a su libertad de tránsito en tierras que han habitado por
cientos de años. Deben tener la facilidad de visitar a sus familiares, y
participar en celebraciones culturales y religiosas, fiestas de guardar, y
otros eventos comunitarios sin acoso por parte de autoridades o revisiones
múltiples tanto en México como en los Estados Unidos.
Políticas
de control fronterizo
86. De especial preocupación son las políticas de
control fronterizo que ambos gobiernos buscan ejecutar, políticas que han
contribuido al abuso e inclusive a la muerte de migrantes en México y en los
Estados Unidos. A lo largo de la frontera entre ambos países, el Gobierno
estadounidense ha emprendido iniciativas de bloqueo fronterizo, con el objetivo
de desalentar la migración indocumentada hacia ese país. Estas iniciativas han
triplicado a lo largo de la frontera el número de agentes de la Patrulla Fronteriza,
que han adoptado una tecnología sofisticada que incluye sensores, cámaras,
lentes infrarrojos, y bardas reforzadas.
Fracaso de la estrategia estadounidense de control fronterizo, pues no disuade a los migrantes
En 1994, el Gobierno de los Estados Unidos
adoptó una nueva estrategia de control fronterizo diseñada para disuadir la
entrada indocumentada de los inmigrantes desde México. El Servicio de
Inmigración y Naturalización (SIN) ha lanzado varias iniciativas de bloqueo en
los últimos años, incluyendo los operativos “Bloqueo” en El Paso, Texas, en
1993; “Guardián” en San Diego, California, en 1994; “Salvaguarda”, en el sur de
Arizona en 1995. Según un reporte de la Oficina General de Contabilidad de los
Estados Unidos (GAO), publicado en agosto de 2001, el principal efecto palpable
de estos operativos ha sido alejar a los inmigrantes de las áreas de
concentración de dichos operativos a regiones remotas, inhóspitas y peligrosas
del suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, durante el mismo periodo el número
de indocumentados que habitan en los Estados Unidos ha aumentado al doble, de
cuatro millones en 1994 a más de ocho millones en el 2000.
87. En lugar de tener el efecto de reducir los cruces
ilegales, estos operativos han forzado a los migrantes a cruzar por zonas
remotas y peligrosas en la región Suroeste de los Estados Unidos,
resultando en un número alarmante de muertes. Los datos oficiales señalan
que desde inicios de 1998, más de 2000 migrantes han perdido la vida intentando
cruzar la frontera de México y de los Estados Unidos, muchos de ellos ahogados,
por deshidratación o por insolación. Con todo, estos bloqueos han contribuido
al aumento del tráfico de indocumentados, pues muchos migrantes desesperados
pagan importantes sumas a contrabandistas contratados para llevarlos a los
Estados Unidos. En años recientes, el contrabando de indocumentados se ha
consolidado como una empresa más organizada y lucrativa. 24
Vengan y vean a mi hermano en su ataúd
José Luis Hernández
Aguirre intentó desesperadamente encontrar trabajo en las maquiladoras de
Mexicali, pero no lo logró. Con una mujer y dos niños de uno y siete años de
edad, José necesitaba encontrar un trabajo que le diera de comer. Un “coyote”
le habló de los trabajos bien remunerados que existían del otro lado de la
frontera, ofreciéndole cruzarlo por $1,000 dólares. Junto con su hermano Jaime
y algunos otros, el grupo inició su camino hacia los Estados Unidos llenos de
esperanza. Después de un día, Jaime, su hermano, regresó y le reportó a la
familia de José y a su hermana Sonia, que José estaba perdido. Jaime no pudo
caminar en el desierto, pero José quiso seguir caminando. Necesitaba encontrar
un trabajo para su familia. Cuatro días más tarde, se encontró el cuerpo
de José en el desierto. Sonia pidió prestada una pick-up para recoger los
restos de su hermano. A su regreso se encontró con otro grupo de migrantes
encaminándose a los Estados Unidos, y angustiada les dijo: “¿Por qué quieren
arriesgar sus vidas de esta manera? Vengan y vean a mi hermano en su ataúd”.
88. En el sur de México a lo largo del río Suchiate,
políticas similares han causado innumerables muertes de migrantes, la mayoría
ahogados. Otra causa de preocupación son los puntos de revisión que agrupan a
militares y agentes federales, estatales y municipales en las regiones
fronterizas y del interior del país. Estos operativos suelen realizarse
lejos de zonas urbanas, lo que dificulta el monitoreo del respeto a los
derechos humanos. El uso de estos puntos de revisión también ha suscitado
que la sociedad mexicana considere criminales a los migrantes, pues se utilizan
para detectar el tráfico de armas, drogas y contrabando de indocumentados.
89. Instamos a las autoridades migratorias mexicanas y
estadounidenses a abandonar estas estrategias de bloqueo, pues han dado lugar a
operativos de contrabando de indocumentados. Debe tenerse cuidado de no
canalizar a los migrantes a rutas en las que peligren sus vidas. La
Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha lanzado recientemente una
iniciativa de seguridad para prevenir muertes de migrantes. Le pedimos que
redoble sus esfuerzos en esta área y trabaje de manera más estrecha con grupos
de la comunidad, para identificar y rescatar migrantes en situaciones de
emergencia. También instamos a que no escatimen esfuerzos concertados para
desarticular a las organizaciones de contrabandistas desde sus bases, con un
amplio uso de tácticas de inteligencia e investigación. Por otro lado, en otros
documentos de la Iglesia, los Obispos hemos expresado nuestra preocupación
sobre el incremento de la industria del tráfico de drogas. 25
90. De igual manera, hacemos un llamado a ambas naciones
para que por medio de esfuerzos coordinados detengan la plaga del tráfico de
seres humanos, tanto dentro de nuestro hemisferio como
internacionalmente. El tráfico de personas, por medio del cual se
transporta a hombres, mujeres y niños de todo el mundo a otros países con el
fin de forzarlos a trabajar o a prostituirse, rechaza substancialmente la
dignidad de la persona y explota la pobreza global.
91. Ambos gobiernos deben conseguir eliminar
diligentemente el tráfico de personas. El Gobierno estadounidense debe
aplicar con vigor las leyes recientes encaminadas a ese fin. Por su parte, las
autoridades mexicanas deben fortalecer sus esfuerzos para identificar y
destruir operaciones de tráfico de personas en México. Juntos, ambos gobiernos,
deben intercambiar información sobre grupos de traficantes en una forma más
eficaz, y llevar a cabo acciones conjuntas para detener y procesar traficantes.
92. En 1996, el Congreso de los Estados Unidos debilitó
en gran medida los derechos de “proceso debido”, mediante la aprobación de la
reforma a la Ley de Inmigración titulada “Illegal
Immigration Reform and Immigration Responsibility Act (IIRIRA)”, que
autoriza la detención y deportación de inmigrantes por ofensas relativamente
menores, aun cuando la sentencia haya sido cumplida. Estas reformas han
causado la separación injusta de un sinnúmero de familias inmigrantes. 26 Instamos
al Congreso de los Estados Unidos a reconsiderar esta ley, y a realizar los
cambios apropiados congruentes con los derechos de “proceso debido”.
93. También exhortamos al Gobierno mexicano a que
reconozca el derecho a “proceso debido” a toda persona que se encuentra en el
país, específicamente en el caso de migrantes documentados e indocumentados,
quienes no gozan de esta protección y pueden ser expulsados del país por
razones arbitrarias. Dicho reconocimiento fortalecería el estado de
derecho en nuestro país, y brindaría mayor legitimidad a sus instituciones. 27
94. Una vez detenidos, se recluye comúnmente a los
migrantes en prisiones, cárceles y “áreas de aseguramiento” o centros de
detención, tanto en México como en Estados Unidos; algunas veces junto con
delincuentes que están penando condenas por delitos graves. No debe
tratarse a los migrantes indocumentados como criminales; deben estar detenidos
el menor tiempo posible, y tener acceso a los servicios médicos, legales y
espirituales necesarios. Deberán ser liberados quienes busquen asilo y
comprueben mediante una entrevista que es real su condición de perseguidos.
Protección
de derechos humanos en políticas migratorias regionales
95. Como defensores de quienes huyen de tierras lejanas
a causa de la persecución, aumenta nuestra preocupación por las políticas de
asilo que ambos países están adoptando. Es aún más alarmante la posible
creación de un perímetro exterior norteamericano en el que se homologuen
políticas afines para estos casos, que incluyan la negativa de acceso a
procesos y protecciones judiciales para quienes busquen asilo. 28
96. Es notorio el aumento de quienes buscan asilo
procedentes de todas partes del mundo y que recorren, solos o guiados por
contrabandistas, Centroamérica y México para llegar a los Estados Unidos.
Estas personas vienen de lugares tan lejanos como China, India, Irán e
Irak. La mayoría de las veces poseen solicitudes válidas de protección,
pero muchos son detenidos y deportados a sus países de origen, a manos de
quienes los persiguen, sin evaluación alguna de su caso particular, en
operativos cuyo objetivo es la lucha contra el tráfico de indocumentados.
97. El rechazo del derecho que tiene toda solicitud de
asilo a proceso judicial, es especialmente grave a lo largo de la frontera
entre los Estados Unidos y México. Mediante el uso de una política
estadounidense conocida como “expulsión inmediata”, las autoridades migratorias
de ese país detienen y deportan a los inmigrantes sin permitirles audiencia
alguna ante un juez migratorio. De hecho, este proceso se utiliza con mayor
frecuencia en el caso de mexicanos. De las más de 180,000 expulsiones que se
llevaron a cabo en Estados Unidos en los años fiscales de 1999 y 2000, el 81
por ciento fueron de mexicanos. 29
Más aún, las personas deportadas bajo estas condiciones quedan sujetas a
ciertas leyes que les prohíben la entrada a Estados Unidos hasta por veinte
años. En el caso de la frontera sur de México, es común que se deporte a
inmigrantes a Centroamérica sin evaluación alguna de su caso particular.
98. Negar el acceso a procesos de solicitud de asilo y
refugio, hacerlos complicados, o no entregar información clara sobre los mismos
en idioma que los usuarios puedan comprender, es una injusticia grave que viola
el espíritu de la ley internacional y de los compromisos adoptados por nuestros
dos países. 30
99. Reiteramos nuestra firme posición con relación a los
solicitantes de asilo y refugio; deben contar con acceso a las autoridades
competentes que tengan la capacidad de considerar su caso objetivamente.
Instamos a ambos gobiernos a tomar un papel de liderazgo en la Conferencia
Regional de Migraciones, “Proceso Puebla”, y a trabajar con nuestros vecinos
centroamericanos para asegurar que aquellos que soliciten asilo y refugio en
nuestro continente tengan acceso a las protecciones apropiadas de
“proceso debido”, coherentes con el derecho internacional.
Consecuencias para los migrantes de los ataques terroristas del once de septiembre
100. Los ataques terroristas del once de septiembre de
2001, que terminaron tan trágicamente en Nueva York, la región de Washington,
D.C. y Pennsylvania, han redefinido el debate del tema migratorio al poner las
preocupaciones de seguridad nacional en primer plano. Así mismo, estos ataques
han agregado una dimensión más a la relación migratoria existente entre Estados
Unidos y México. Es necesario tomar ciertas precauciones como respuesta a
amenazas terroristas implementadas, como el mejoramiento del intercambio de
inteligencia e información, la inserción de elementos de seguridad en los
pasaportes y visas, y las revisiones minuciosas en los cruces fronterizos entre
los Estados Unidos y México. Acciones como la reducción de la migración legal
entre ambos países, no conducirán a una mayor seguridad para México o los
Estados Unidos. Instamos a ambos gobiernos a que cooperen en este tema
sin adoptar políticas que debiliten los derechos humanos, reduzcan los niveles
de migración legal o nieguen la oportunidad de asilo para quienes buscan
oportunidades y protección.
 |
 |
