CAPÍTULO IV

 

Retos y propuestas ante
la POLÍTICA migratoria

 

56. Los Estados Unidos y México comparten una relación especial que requiere un atento enfoque en los intereses comunes. Las realidades de la migración entre ambas naciones exigen políticas migratorias que den amplia respuesta al fenómeno y sean implementadas en forma coordinada. La relación actual queda debilitada por políticas inconsistentes, divergentes y unilaterales que, en muchos casos, se dirigen a atender los síntomas y no las causas del fenómeno migratorio.

 

57. Este es el momento para que tanto los Estados Unidos como México, enfrenten la realidad de la globalización y trabajen por la globalización de la solidaridad.  Hacemos un llamado a ambos gobiernos para que cooperen con el objetivo de implementar políticas migratorias coordinadas, que faciliten flujos legales y generosos de migrantes entre ambas naciones.  Así como ambos gobiernos han reconocido la integración de sus intereses económicos por medio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es hora de que armonicen sus políticas migratorias, de tal forma que se respete la dignidad del migrante y se reconozcan las consecuencias sociales de la migración.

 

58. Teniendo presentes las metas anteriores, sometemos a la consideración de ambos gobiernos varias recomendaciones relacionadas a sus políticas migratorias, que consideran las causas profundas de la migración, la creación de vías legales, y la implementación de políticas humanitarias de control migratorio. Estas recomendaciones se dirigen a las políticas gubernamentales de México y Estados Unidos, ya que ambos países reciben inmigrantes.

Causas profundas de la migración

59. Como lo hemos declarado, las  personas deben tener la oportunidad de permanecer en su tierra natal y encontrar en ella una vida plena para ellos mismos y para sus familias.  Esta es la situación ideal a la que tanto el mundo entero como ambos países deben aspirar, en la cual los flujos migratorios se deban a una decisión y no a una necesidad. Para lograr la meta anterior es de gran importancia desarrollar las economías de los países en que se originan las emigraciones, incluyendo a México.

El envío de remesas: medular para la vida de muchas familias mexicanas

Los inmigrantes mexicanos que trabajan en los Estados Unidos envían porcentajes importantes de sus salarios a sus familiares en México.  Por medio de las llamadas “remesas”, los trabajadores envían a sus seres queridos de $8 a $10 mil millones de dólares anuales, ganados con el sudor de su frente, y que representan una de las fuentes más importantes de divisas en México. Actualmente, las empresas privadas que prestan este servicio cobran precios muy elevados (hasta el 20%). Posiblemente  se puedan diseñar algunas maneras más eficientes de enviar estos fondos a México, para que estos lleguen a quienes realmente los necesitan. Asimismo, sería posible llegar a acuerdos con estas empresas para que una parte de sus utilidades se destine a apoyar proyectos de desarrollo en México, como la construcción de carreteras, alcantarillado, clínicas, etc.  Este acercamiento podría ampliarse por medio de convenios con los gobiernos estadounidense y mexicano, con los que se comprometan a complementar estos fondos y contribuir así al desarrollo sustentable de las economías locales.

 

60. Lo único que facilitará oportunidades reales de trabajo para los trabajadores mexicanos —que permitan quedarse en casa y mantener a sus familias— es un esfuerzo a largo plazo que ajuste las desigualdades económicas entre los Estados Unidos y México.  La Iglesia ha identificado una y otra vez a la desigualdad entre las naciones como un desorden global que debe atenderse.  En la relación bilateral de nuestros países hemos sido testigos de políticas económicas que no consideran adecuadamente el bienestar de aquellos pequeños empresarios y propietarios que luchan para sobrevivir.  Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha dañado a las microempresas mexicanas, especialmente en el campo.  Ambas naciones deben reconsiderar el impacto de estos tratados sobre aquellos que intentan ganarse la vida con sus pequeños negocios.

 

61. La creación de oportunidades de empleo en México ayudaría a reducir la pobreza y a mitigar el incentivo que tantos tienen para buscar trabajo en los Estados Unidos. Es de suma importancia que se implementen políticas económicas que creen empleos con salarios dignos, especialmente para ciudadanos mexicanos que no cuentan con habilidades laborales especializadas. Es necesario implementar proyectos de desarrollo enfocados a los municipios y zonas rurales que tradicionalmente tienen altos índices de emigración. Así mismo, deben diseñarse proyectos y destinarse recursos a las pequeñas empresas y al campo mexicano.

 

62. Debido a que las regiones fronterizas se han convertido en puntos claves del fenómeno migratorio, también es necesario encauzar recursos a la frontera entre los Estados Unidos y México. Estos recursos adicionales resultarían en un aumento de apoyo a los migrantes, con sus necesidades inmediatas por parte de los residentes fronterizos. Hacemos hincapié en la urgencia de implementar proyectos conjuntos de desarrollo que faciliten el fortalecimiento de las economías de esta región, para que sus residentes puedan continuar viviendo y trabajando en un espíritu de colaboración.  Los líderes de la Iglesia deben trabajar con las comunidades locales de las regiones fronterizas de Estados Unidos y México, y México y Guatemala, para apoyarlas en la superación de sus miedos y prejuicios.

Creación de vías legales para la migración

63. Los Estados Unidos y México están viviendo una integración económica, social y cultural sin precedente, por lo que es urgente que ambos gobiernos reconozcan formalmente esta realidad, implementando reformas en los sistemas migratorios de ambos países.

La inmigración debe basarse en el principio de la unidad familiar

64. Como pastores, nos preocupa la manera en que obstaculizan la unidad familiar el conjunto de leyes, políticas, reglamentos y prácticas migratorias que ambos países ejercen.  Aunque la mayoría de los mexicanos llegan a Estados Unidos para buscar trabajo, muchos lo hacen para reunirse con familiares.

 

65. Desgraciadamente, el sistema migratorio de Estados Unidos impone límites al número de visas que pueden otorgarse a familiares de residentes permanentes oriundos de México.  Este límite, junto con el retraso de las solicitudes para documentos migratorios, se ha traducido en tiempos de espera inaceptables para la reunificación legal de marido y mujer, y padres e hijos. Por ejemplo, el cónyuge o hijo menor de un residente permanente mexicano puede tener que llegar a esperar hasta aproximadamente ocho años para obtener la visa correspondiente, a fin de reunirse en Estados Unidos con sus seres queridos. Así, padres y cónyuges se ven forzados a tomar una dura decisión: emigrar a Estados Unidos sin los documentos necesarios, y cumplir el compromiso moral que se tiene con la familia, o esperar dentro del sistema y enfrentar la separación indefinida de sus seres queridos.

 

66. Esta decisión y política son inaceptables y de hecho terminan fomentando la migración indocumentada.  Con el fin de asegurar la unidad familiar, es necesaria una reforma al sistema migratorio estadounidense con relación a México. Es indispensable un nuevo marco que otorgue más oportunidades a las familias mexicanas, para que puedan reunirse legalmente con sus seres queridos en los Estados Unidos. 17  Tal acción ayudaría a mitigar la larga espera y disminuiría la migración indocumentada entre Estados Unidos y México.

 

67. La unidad familiar también se debilita en el momento que quedan desprotegidos los hijos de los inmigrantes. En los Estados Unidos, debe mantenerse el derecho a la ciudadanía por nacimiento, como un principio importante de la Ley de Inmigración del país. En México hay algunos casos en que se les ha negado a niños recién nacidos el acta de nacimiento, y por lo tanto la nacionalidad mexicana, debido a que sus padres, originarios de otras partes, son indocumentados.  La Constitución Mexicana garantiza, y el Artículo 68 de la Ley General de Población establece el derecho que estos niños tienen de recibir sus documentos al nacer, junto con los derechos que éstos les confieren. De lo contrario, es posible que después estos niños no cuenten con acceso a atención médica, educación y otros servicios básicos.  El derecho a una identidad y una nacionalidad están protegidos por tratados internacionales.

 

Legalización de los indocumentados

 

68. Alrededor de 10.5 millones de mexicanos viven en Estados Unidos actualmente; 5.5 millones de ellos en forma legal y el resto en calidad de indocumentados. Cada año, alrededor de 150,000 inmigrantes mexicanos ingresan a los Estados Unidos sin autorización previa, y trabajan en industrias como la agricultura, servicios, entretenimiento y construcción. 18 A pesar de la retórica de grupos anti-inmigrantes y algunos funcionarios, los inmigrantes trabajan con la complicidad tanto del Gobierno como de los empresarios.

 

69. Un amplio programa de legalización beneficiaría no solamente a los trabajadores migrantes sino también a ambas naciones.  Estados Unidos, al legalizar a la numerosa población de indocumentados procedente de muchas naciones, estabilizaría el mercado laboral de ese país, cuidaría la unidad familiar y mejoraría la calidad de vida de las comunidades migrantes. Más aún, los trabajadores migrantes, muchos de ellos ya establecidos en sus comunidades, continuarían contribuyendo a la economía estadounidense.

 

70. En el caso de México, la legalización mantendría el flujo de remesas, y le permitiría a los migrantes un viaje seguro y legal a casa si desean regresar. Adicionalmente, tal legalización apoyaría la seguridad nacional al aminorar el miedo en las  comunidades inmigrantes y alentar a las personas indocumentadas a ser miembros activos de la sociedad. La legalización de estas personas representa una política pública sana, y debería ser parte de cualquier tratado migratorio entre los Estados Unidos y México.  Para lograr un trato equitativo hacia todas las nacionalidades, el Congreso de los Estados Unidos debe adoptar un programa de legalización para todos los inmigrantes, sin importar su país de origen.

 

71. En el caso de México, los programas de legalización implementados por el Instituto Nacional de Migración son un buen inicio.  Los beneficios de estos programas son evidentes para los migrantes, al poder trabajar con protecciones laborales básicas y también para el Gobierno mexicano, el cual obtiene una idea más realista de la población que vive en el país.  Esperamos que el Gobierno dé mayor publicidad a programas futuros, así como mayores informes al público, incremente el número de personal asignado a su ejecución, mejore su capacitación y baje el costo al solicitante, pues en el pasado esto ha sido desventaja para las personas con bajos recursos. 19

 

Programa de trabajadores temporales

 

72. En el contexto de la relación bilateral entre los Estados Unidos y México, los Estados Unidos requieren de la mano de obra mexicana para el mantenimiento de una economía sana.  Por tanto, deben hacer un esfuerzo especial por instrumentar vías legales para que los trabajadores mexicanos encuentren en los Estados Unidos empleos que les proporcionen un salario digno, junto con las prestaciones y protecciones laborales justas. El sistema migratorio laboral estadounidense debería reformarse para establecer programas adecuados a menor costo de visas permanentes para trabajadores migratorios, así como de visas temporales que cuenten con las protecciones necesarias para los trabajadores. Se requiere un sistema transparente, ágil y eficiente.  La reforma de los programas debe acompañar a un programa legislativo de bases amplias.

 

73. Es conveniente contar con un cierto número de visas laborales que permita a los trabajadores ingresar a los Estados Unidos como residentes legales permanentes. Dos de los factores que deberían considerarse al asignar estas visas son: los lazos familiares y, los antecedentes laborales del solicitante en los Estados Unidos.  Otra categoría de visas podría otorgar la residencia permanente como reconocimiento a aquellos que han trabajado durante largo plazo, asegurando así la protección de sus derechos laborales.

 

74. La reforma de los programas estadounidenses de trabajadores temporales resulta aún más problemática. El primer programa formal agrícola, conocido como el programa “Bracero”, finalizó en 1964 como consecuencia de la documentación de amplios abusos en contra de los trabajadores mexicanos. El programa actual, que permite el ingreso de más de treinta mil trabajadores, está marcado por fallas en el cumplimiento de su reglamentación, así como por salarios y prestaciones insuficientes para mantener una familia.

 

75. Sin embargo, reconocemos que para proporcionar una alternativa seria a la migración indocumentada, es necesario que se establezca una vía legal que asegure la protección de los derechos de los trabajadores extranjeros en el mercado laboral estadounidense. Para prevenir el abuso contra los trabajadores en un futuro, cualquier nuevo programa debe:

Tal programa debe hacer uso de mecanismos sólidos que aseguren su cabal cumplimiento, y ofrecer a los trabajadores la opción de ser residentes legales permanentes en un espacio de tiempo definido. Más aún, los Estados Unidos y México deberían concluir un acuerdo relacionado al seguro social, que les acredite a los trabajadores sus beneficios durante su participación en el programa.

 

76. Un programa diseñado correctamente reduciría la cantidad de personas que emigran de México a Estados Unidos como indocumentados, aminorando los reclamos de quienes solicitan mayor vigilancia fronteriza, y el recurso a traficantes de personas y contrabandistas sin escrúpulos.

 

77. Más aún, con el objetivo de respetar los derechos laborales de los trabajadores nacidos en el extranjero, Estados Unidos debería convertirse en signatario de la “Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares”, la cual establece los principios para la protección de los derechos laborales y los derechos humanos de los trabajadores migrantes. 20 México, ya signatario, debe adecuar su normatividad interna para respetar sus principios sin las reservas actuales.

Políticas humanitarias de control migratorio en México y los Estados Unidos

Estrategias de control migratorio

 

78. La Iglesia Católica reconoce el derecho y la responsabilidad que tiene todo Estado soberano de controlar sus fronteras y proteger los intereses de seguridad de sus ciudadanos.  Por lo tanto, reconocemos el papel que tienen los gobiernos de Estados Unidos y de México de interceptar a los migrantes indocumentados que intenten transitar o cruzar por sus territorios; sin embargo, lo que no aceptamos, son las políticas y estrategias que ambos gobiernos han utilizado para cumplir con esta responsabilidad.

 

79. Los hombres y las mujeres que trabajan en las agencias responsables de aplicar la ley en la frontera entre México y Estados Unidos, tienen trabajos difíciles que requieren de largas horas en condiciones que pueden llegar a ser extremas.  Desafortunadamente, las políticas migratorias que ejecutan han tenido el efecto de socavar la dignidad humana de los migrantes y de crear relaciones de violencia y confrontación entre migrante y autoridad.  Es necesario que se tomen medidas para la creación de un ambiente en el que la fuerza se utilice solamente en circunstancias de extrema necesidad, y de ser el caso, que mantengan la integridad física tanto del migrante como de la autoridad.  Lo anterior no requiere solamente una revisión y reforma de las estrategias actuales, sino un rediseño de las políticas que ambos países utilizan para ejecutar sus leyes migratorias.

 

80. Es alarmante que con frecuencia las autoridades de ambos países traten a los migrantes como criminales.  Se ha creado una atmósfera en la que se discrimina y abusa de los inmigrantes como consecuencia de actitudes anti-inmigrantes latentes tanto en México como en Estados Unidos.  Hay reportes demasiados frecuentes de los abusos por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y autoridades mexicanas, que incluyen el uso excesivo de la fuerza y la práctica de esposar las muñecas y tobillos de los migrantes.

 

81. En los Estados Unidos se han documentado abusos frecuentes en contra de los migrantes.  Cabe resaltar, sin embargo, que la gran mayoría de los agentes de la Patrulla Fronteriza se comportan con respeto y en forma profesional, pero sí existe un número de ellos que comete abusos, por los que no son sometidos a rendir cuentas ante el Gobierno estadounidense. 21

 

82. Además, es vergonzoso el trato que los Estados Unidos le han otorgado a los migrantes menores indocumentados procedentes de México y otros países.  Los niños mexicanos interceptados a lo largo de la frontera con Estados Unidos, en ocasiones quedan detenidos durante varios días, en edificios cuyas condiciones dejan mucho que desear, hasta que puedan ser repatriados.  A los niños procedentes de México y de otros países de Centroamérica, también se les niega la posibilidad de consultar a un abogado, pariente o tutor, o inclusive de solicitar asilo.  Debe darse punto final a estas prácticas.  Los menores migrantes que no estén acompañados deben recibir una consideración y trato especiales:  no deben ser sujetos de las mismas políticas que los adultos.

 

83. En México, la aplicación de las leyes migratorias mediante el uso específico de criterios racistas para identificar a migrantes que intentan llegar a Estados Unidos, ha estado marcada por la corrupción, atropellos, y abuso sistemático de los derechos humanos.  Es común que los migrantes se vean obligados a sobornar a las autoridades mexicanas para continuar su camino, o de lo contrario arriesgarse a una golpiza y retorno forzado a la frontera sur.  Como consecuencia de la ausencia de derechos y políticas que obliguen a los migrantes indocumentados a mantenerse alejados de pequeñas zonas urbanas, los migrantes sufren a manos de asaltantes que les roban y ultrajan, aun en las regiones fronterizas entre Ciudad Hidalgo, México y Tecún Umán, Guatemala. Tenemos conocimiento de migrantes centroamericanos que pagan miles de dólares a “coyotes” para que los crucen por el territorio mexicano, pero que, en algunos casos, son secuestrados por éstos.

 

84. Aunque reconocemos que el Gobierno mexicano ha mejorado la administración del sistema migratorio en el país, y que intenta imbuirlo de un pleno estado de derecho, la política migratoria mexicana permanece opaca y contradictoria.  La corrupción continúa debilitando al sistema migratorio mexicano y daña al bien común.  Instamos al Instituto Nacional de Migración, a fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil en sus Consejos Consultivos Delegacionales, 22 pudiendo ser factores para conseguir una sana transparencia en el sistema migratorio del país.

 

85. Con el objetivo de evitar estos excesos, ambos gobiernos deben crear programas de entrenamiento para sus oficiales, que les enseñen tácticas de control migratorio más apropiadas.  Instamos a los gobiernos de Estados Unidos y México a que integren el respeto a los derechos humanos en sus programas de estudio, para que las autoridades encargadas de ejecutar las leyes migratorias sean más sensibles al trato que han de dar a los migrantes indocumentados. Las organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a diócesis y parroquias, pueden apoyar a las autoridades implicadas en esta tarea. 23 Así mismo, es recomendable que la ejecución de las leyes migratorias esté limitada a las autoridades federales (el Servicio de Inmigración y Naturalización junto con la Patrulla Fronteriza en el caso de Estados Unidos, y el Instituto Nacional de Migración junto con la Policía Federal Preventiva en el caso de México), y no a policías municipales desconocedoras de la materia y que cuentan con otras prioridades.  No debe hacerse uso de personal militar para la ejecución de las leyes migratorias en la frontera terrestre de cualquiera de los países.

Los indígenas merecen consideración especial

La tierra ancestral de los Pápagos (Tohono O´odham) entre Estados Unidos y México no reconoce fronteras y  lo mismo sucede con la tierra de los Yaquis. Deben respetarse los derechos de los miembros de estas tribus en cuanto a su libertad de tránsito en tierras que han habitado por cientos de años. Deben tener la facilidad de visitar a sus familiares, y participar en celebraciones culturales y religiosas, fiestas de guardar, y otros eventos comunitarios sin acoso por parte de autoridades o revisiones múltiples tanto en México como en los Estados Unidos.

 

Políticas de control fronterizo

 

86. De especial preocupación son las políticas de control fronterizo que ambos gobiernos buscan ejecutar, políticas que han contribuido al abuso e inclusive a la muerte de migrantes en México y en los Estados Unidos.  A lo largo de la frontera entre ambos países, el Gobierno estadounidense ha emprendido iniciativas de bloqueo fronterizo, con el objetivo de desalentar la migración indocumentada hacia ese país. Estas iniciativas han triplicado a lo largo de la frontera el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, que han adoptado una tecnología sofisticada que incluye sensores, cámaras, lentes infrarrojos, y bardas reforzadas.

Fracaso de la estrategia estadounidense de control fronterizo, pues no disuade a los migrantes

En 1994, el Gobierno de los Estados Unidos adoptó una nueva estrategia de control fronterizo diseñada para disuadir la entrada indocumentada de los inmigrantes desde México. El Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) ha lanzado varias iniciativas de bloqueo en los últimos años, incluyendo los operativos “Bloqueo” en El Paso, Texas, en 1993; “Guardián” en San Diego, California, en 1994; “Salvaguarda”, en el sur de Arizona en 1995. Según un reporte de la Oficina General de Contabilidad de los Estados Unidos (GAO), publicado en agosto de 2001, el principal efecto palpable de estos operativos ha sido alejar  a los inmigrantes de las áreas de concentración de dichos operativos a regiones remotas, inhóspitas y peligrosas del suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, durante el mismo periodo el número de indocumentados que habitan en los Estados Unidos ha aumentado al doble, de cuatro millones en 1994 a más de ocho millones en el 2000.

 

87. En lugar de tener el efecto de reducir los cruces ilegales, estos operativos han forzado a los migrantes a cruzar por zonas remotas y peligrosas en la región Suroeste de los Estados Unidos,  resultando en un número alarmante de muertes.  Los datos oficiales señalan que desde inicios de 1998, más de 2000 migrantes han perdido la vida intentando cruzar la frontera de México y de los Estados Unidos, muchos de ellos ahogados, por deshidratación o por insolación. Con todo, estos bloqueos han contribuido al aumento del tráfico de indocumentados, pues muchos migrantes desesperados pagan importantes sumas a contrabandistas contratados para llevarlos a los Estados Unidos. En años recientes, el contrabando de indocumentados se ha consolidado como una empresa más organizada y lucrativa. 24

Vengan y vean a mi hermano en su ataúd

José Luis Hernández Aguirre intentó desesperadamente encontrar trabajo en las maquiladoras de Mexicali, pero no lo logró. Con una mujer y dos niños de uno y siete años de edad, José necesitaba encontrar un trabajo que le diera de comer. Un “coyote” le habló de los trabajos bien remunerados que existían del otro lado de la frontera, ofreciéndole cruzarlo por $1,000 dólares. Junto con su hermano Jaime y algunos otros, el grupo inició su camino hacia los Estados Unidos llenos de esperanza. Después de un día, Jaime, su hermano, regresó y le reportó a la familia de José y a su hermana Sonia, que José estaba perdido. Jaime no pudo caminar en el desierto, pero José quiso seguir caminando. Necesitaba encontrar un trabajo para su familia. Cuatro días más tarde, se encontró el cuerpo de José en el desierto. Sonia pidió prestada una pick-up para recoger los restos de su hermano. A su regreso se encontró con otro grupo de migrantes encaminándose a los Estados Unidos, y angustiada les dijo: “¿Por qué quieren arriesgar sus vidas de esta manera? Vengan y vean a mi hermano en su ataúd”.

 

88. En el sur de México a lo largo del río Suchiate, políticas similares han causado innumerables muertes de migrantes, la mayoría ahogados. Otra causa de preocupación son los puntos de revisión que agrupan a militares y agentes federales, estatales y municipales en las regiones fronterizas y del interior del país.  Estos operativos suelen realizarse lejos de zonas urbanas, lo que dificulta el monitoreo del respeto a los derechos humanos.  El uso de estos puntos de revisión también ha suscitado que la sociedad mexicana considere criminales a los migrantes, pues se utilizan para detectar el tráfico de armas, drogas y contrabando de indocumentados.

 

89. Instamos a las autoridades migratorias mexicanas y estadounidenses a abandonar estas estrategias de bloqueo, pues han dado lugar a operativos de contrabando de indocumentados.  Debe tenerse cuidado de no canalizar a los migrantes a rutas en las que peligren sus vidas.  La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos ha lanzado recientemente una iniciativa de seguridad para prevenir muertes de migrantes. Le pedimos que redoble sus esfuerzos en esta área y trabaje de manera más estrecha con grupos de la comunidad, para identificar y rescatar migrantes en situaciones de emergencia. También instamos a que no escatimen esfuerzos concertados para desarticular a las organizaciones de contrabandistas desde sus bases, con un amplio uso de tácticas de inteligencia e investigación. Por otro lado, en otros documentos de la Iglesia, los Obispos hemos expresado nuestra preocupación sobre el incremento de la industria del tráfico de drogas. 25

 

90. De igual manera, hacemos un llamado a ambas naciones para que por medio de esfuerzos coordinados detengan la plaga del tráfico de seres humanos, tanto dentro de nuestro hemisferio como internacionalmente.  El tráfico de personas, por medio del cual se transporta a hombres, mujeres y niños de todo el mundo a otros países con el fin de forzarlos a trabajar o a prostituirse, rechaza substancialmente la dignidad de la persona y explota la pobreza global.

 

91. Ambos gobiernos deben conseguir eliminar diligentemente el tráfico de personas.  El Gobierno estadounidense debe aplicar con vigor las leyes recientes encaminadas a ese fin. Por su parte, las autoridades mexicanas deben fortalecer sus esfuerzos para identificar y destruir operaciones de tráfico de personas en México. Juntos, ambos gobiernos, deben intercambiar información sobre grupos de traficantes en una forma más eficaz, y llevar a cabo acciones conjuntas para detener y procesar traficantes.

 

Derechos de “proceso debido”

 

92. En 1996, el Congreso de los Estados Unidos debilitó en gran medida los derechos de “proceso debido”, mediante la aprobación de la reforma a la Ley de Inmigración titulada “Illegal Immigration Reform and Immigration Responsibility Act (IIRIRA)”, que autoriza la detención y deportación de inmigrantes por ofensas relativamente menores, aun cuando la sentencia haya sido cumplida.  Estas reformas han causado la separación injusta de un sinnúmero de familias inmigrantes. 26 Instamos al Congreso de los Estados Unidos a reconsiderar esta ley, y a realizar los cambios apropiados congruentes con los derechos de “proceso debido”.

 

93. También exhortamos al Gobierno mexicano a que reconozca el derecho a “proceso debido” a toda persona que se encuentra en el país, específicamente en el caso de migrantes documentados e indocumentados, quienes no gozan de esta protección y pueden ser expulsados del país por razones arbitrarias.  Dicho reconocimiento fortalecería el estado de derecho en nuestro país, y brindaría mayor legitimidad a sus instituciones. 27

 

94. Una vez detenidos, se recluye comúnmente a los migrantes en prisiones, cárceles y “áreas de aseguramiento” o centros de detención, tanto en México como en Estados Unidos; algunas veces junto con delincuentes que están penando condenas por delitos graves.  No debe tratarse a los migrantes indocumentados como criminales; deben estar detenidos el menor tiempo posible, y tener acceso a los servicios médicos, legales y espirituales necesarios.  Deberán ser liberados quienes busquen asilo y comprueben mediante una entrevista que es real su condición de perseguidos.

 

Protección de derechos humanos en políticas migratorias regionales

 

95.  Como defensores de quienes huyen de tierras lejanas a causa de la persecución, aumenta nuestra preocupación por las políticas de asilo que ambos países están adoptando.  Es aún más alarmante la posible creación de un perímetro exterior norteamericano en el que se homologuen políticas afines para estos casos, que incluyan la negativa de acceso a procesos y protecciones judiciales para quienes busquen asilo. 28

 

96. Es notorio el aumento de quienes buscan asilo procedentes de todas partes del mundo y que recorren, solos o guiados por contrabandistas, Centroamérica y México para llegar a los Estados Unidos.  Estas personas vienen de lugares tan lejanos como China, India, Irán e Irak.  La mayoría de las veces poseen solicitudes válidas de protección, pero muchos son detenidos y deportados a sus países de origen, a manos de quienes los persiguen, sin evaluación alguna de su caso particular, en operativos cuyo objetivo es la lucha contra el tráfico de indocumentados.

 

97. El rechazo del derecho que tiene toda solicitud de asilo a proceso judicial, es especialmente grave a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México. Mediante el uso de una política estadounidense conocida como “expulsión inmediata”, las autoridades migratorias de ese país detienen y deportan a los inmigrantes sin permitirles audiencia alguna ante un juez migratorio. De hecho, este proceso se utiliza con mayor frecuencia en el caso de mexicanos. De las más de 180,000 expulsiones que se llevaron a cabo en Estados Unidos en los años fiscales de 1999 y 2000, el 81 por ciento fueron de  mexicanos. 29 Más aún, las personas deportadas bajo estas condiciones quedan sujetas a ciertas leyes que les prohíben la entrada a Estados Unidos hasta por veinte años. En el caso de la frontera sur de México, es común que se deporte a inmigrantes a Centroamérica sin evaluación alguna de su caso particular.

 

98. Negar el acceso a procesos de solicitud de asilo y refugio, hacerlos complicados, o no entregar información clara sobre los mismos en idioma que los usuarios puedan comprender, es una injusticia grave que viola el espíritu de la ley internacional y de los compromisos adoptados por nuestros dos países. 30

 

99. Reiteramos nuestra firme posición con relación a los solicitantes de asilo y refugio; deben contar con acceso a las autoridades competentes que tengan la capacidad de considerar su caso objetivamente. Instamos a ambos gobiernos a tomar un papel de liderazgo en la Conferencia Regional de Migraciones, “Proceso Puebla”, y a trabajar con nuestros vecinos centroamericanos para asegurar que aquellos que soliciten asilo y refugio en nuestro continente  tengan acceso a las protecciones apropiadas de “proceso debido”, coherentes con el derecho internacional.

Consecuencias para los migrantes de los ataques terroristas del once de septiembre

100. Los ataques terroristas del once de septiembre de 2001, que terminaron tan trágicamente en Nueva York, la región de Washington, D.C. y Pennsylvania, han redefinido el debate del tema migratorio al poner las preocupaciones de seguridad nacional en primer plano. Así mismo, estos ataques han agregado una dimensión más a la relación migratoria existente entre Estados Unidos y México. Es necesario tomar ciertas precauciones como respuesta a amenazas terroristas implementadas, como el mejoramiento del intercambio de inteligencia e información, la inserción de elementos de seguridad en los pasaportes y visas, y las revisiones minuciosas en los cruces fronterizos entre los Estados Unidos y México. Acciones como la reducción de la migración legal entre ambos países, no conducirán a una mayor seguridad para México o los Estados Unidos.  Instamos a ambos gobiernos a que cooperen en este tema sin adoptar políticas que debiliten los derechos humanos, reduzcan los niveles de migración legal o nieguen la oportunidad de asilo para quienes buscan oportunidades y protección. 

 

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