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PROSPECTIVA ANALÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO


José Luis Calva*

* Coordinador del Área de Estudios Prospectivos
de la Economía Mexicana en el Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM;
y profesor de la División de Estudios de Postgrado
de la Facultad de Economía de la UNAM
.

ENTORNO SOCIO ECONÓMICO NACIONAL
Y SUS MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO

1. El modelo neoliberal mexicano. "Por sus obras los conoceréis"

a. El modelo económico procedente o estrategia sustitutiva de importaciones

i) Sus principios: regulación del comercio e intervención del Estado en el desarrollo    económico y social.

ii) Sus resultados: crecimiento económico y mejora social.

iii) El colapso financiero de 1982 y sus causas.

b. La introducción del modelo neoliberal a raíz de la crisis de la deuda de 1982.

i) Sus principios básicos: libre comercio y reducción de la participación del Estado en el desarrollo económico y el bienestar social.

ii) Sus objetivos:

1) Resolver los problemas del financiamiento del desarrollo;
2) Elevar la competitividad y la eficiencia de la economía;
3) Volver al crecimiento económico sostenido y elevar el bienestar.

iii) Sus resultados reales: caida del ingreso nacional por habitante, caída de la inversión productiva, caída del empleo, caída del salario; aumento de la pobreza, de la desnutrición, de la mortalidad infantil por deficiencias nutricionales, de la desarticulación social y la delincuencia. La peor crisis financiera y de la economía real: 1994-1996.

c. Tres fases o estrategias de corto plazo del modelo neoliberal: 1983-1987; 1987-1994; 1995-1996. Carácter recesivo (y empobrecedor de las mayorías nacionales) de la actual estrategia.

2. Alternativas para reconstrucción de la economía y la cohesión social de México. Principios básicos de una nueva estrategia:

a. Renegociación de la deuda externa para hacer posible el crecimiento, liberando recursos.

b. Política cambiaría competitiva para no incurrir nuevamente en endeudamiento externo.

c. Política comercial pragmática, para proteger la planta productiva y el empleo.

d. Políticas de fomento industrial y agrícola que fomenten el empleo nacional y la oferta de productos.

e. Abatir las tasas de interés mediante la reducción de los margenes de intermediación financiera de los bancos, para aliviar a los deudores y hacer viable la inversión.

f. Prudente expansión de la inversión pública para generar empleos y reactivar la economía.

g. Política salarial que detenga la caída de los salarios, y el desplome del mercado interno, a fin de evitar la mayor caída del empleo y del ingreso familiar.

3. La crisis económica y social en la Ciudad de México

a. Desempleo y caída del ingreso familiar.

b. Deterioro de la cohesión social y aumento de la delincuencia. Reforzamiento y debilitamiento de la familia.

c. Superación de los problemas nacionales como base de la solución de los problemas del área metropolitana de la Ciudad de México.


EL MODELO NEOLIBERAL Y SUS COSTOS SOCIALES
EL DÉFICIT EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS 1982-1995

Los programas de ajuste estructural y estabilización económica —apegados a las "recetas" preconizados por el FMI y el Banco Mundial, y aplicados con ejemplar perseverancia desde diciembre de 1982 hasta el presente— constituyen una verdadera revolución en las relaciones económicas y sociales que habían caracterizado el desarrollo mexicano durante los cincuenta años previos.

Desde los años treinta, y sobre todo a partir del gobierno del General Lázaro Cárdenas, el desarrollo económico mexicano —que alcanzó una tasa de crecimiento anual medio del 6.1% entre 1934 y 1982, y trajo consigo un mejoramiento significativo de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos— se había caracterizado por un fuerte intervencionismo económico del Estado, como rector, planificador y promotor activo del desarrollo económico, como inversionista y empresario, como regulador de los mercados de bienes, servicios y fuerza laboral, y como promotor del bienestar social mediante leyes laborales y agrarias e instituciones sociales de educación, salud y servicios básicos.

La ideología económica y social de la Revolución mexicana, plasmada en el contrato social de 1917, asignó al Estado estas funciones desechando la ideología liberal del laissez-faire, laissez-passer que, en la esfera económica, había campeado bajo la dictadura de Porfirio Díaz.

A partir de 1983, la estrategia económica neoliberal —sustentada en la ideología ortodoxa que atribuye a la intervención del Estado la causa de todos los males económicos— se orientó a restaurar el papel del mercado como mecanismo casi exclusivo de asignación óptima de recursos, maximizador de la producción y del empleo, corrector automático de eventuales desajustes económicos, y garante de la inversión productiva y el desarrollo económico, transfiriendo a los agentes privados, gradual pero sostenidamente, las funciones económicas.

La reducción de la injerencia del Estado en la economía comprendió la liberación de precios internos, la apertura comercial externa, la liberalización de los flujos de inversión extranjera, la privatización de la mayoría de las empresas estatales, la liberalización de los mercados financieros, la privatización de algunos servicios de infraestructura pública, y el achicamiento del papel del Estado como rector, planificador y promotor del desarrollo económico y del bienestar social, reduciendo o cancelando programas de fomento económico sectorial, de infraestructura económica y de desarrollo social. La tarea prioritaria del Estado pasó a ser la estabilidad de los precios, para lo cual se desplegaron, entre otras medidas, la eliminación del déficit fiscal y la política monetaria restrictiva.

Los indicadores macroeconómicos, que presentamos en el cuadro 1, resumen los resultados reales del modelo neoliberal, contrastándolos, como referente obligado, con los resultados del modelo económico precedente.

Bajo el modelo keynesiano-cepalino de la Revolución mexicana, basado en la sustitución de importaciones y en el fuerte intervencionismo gubernamental en el fomento económico, cuyas sólidas bases se fincaron durante el gobierno cardenista, para desplegarse resueltamente a partir de la segunda guerra mundial, la economía mexicana creció a una tasa media anual del 6.2%, el PIB percapita creció 3.1 % anual, los salarios mejoraron a una tasa media de 2.5% anual y los pasivos globales de México con el exterior se mantuvieron en un nivel manejable, a excepción de los dos últimos sexenios del modelo, cuando se disparó el endeudamiento externo (saltando los pasivos externos del 27.2% al 67% del PIB), lo que condujo al colapso financiero de 1982.

Bajo el modelo neoliberal, basado en la apertura económica externa y en el achicamiento de las funciones del Estado en el desarrollo económico, el PIB se expande a una tasa de sólo 1.6%, inferior al crecimiento demográfico, por lo que el PIB per cápita desciende 0.5% anual; los salarios se deterioran a una tasa de 6.95% anual y los pasivos globales con el exterior saltan del 67% al 97.9% del PIB, cosa que ocurrió sobre todo en el último sexenio desembocando en la crisis financiera más grave de la historia mexicana.

Ahora bien, el modelo neoliberal, como estrategia de largo plazo basada en la apertura económica externa y en la reducción de las funciones del Estado en el desarrollo económico, presenta tres grandes fases o estrategias de mediano plazo: una fase de transición del modelo económico keynesiano-cepalino de la Revolución mexicana al modelo neoliberal, que va de diciembre de 1982 a 1987; una fase de pleno despliegue del modelo neoliberal, que arranca del Pacto de Solidaridad Económica decretado en diciembre de 1987 y se extiende hasta el colapso financiero y cambiario que estalló en diciembre de 1994; y una tercera fase que, a raíz del colapso financiero, introduce modificaciones en la estrategia de mediano plazo precedente pero mantiene y profundiza el modelo neoliberal como estrategia de largo plazo.

Durante la primera fase del modelo neoliberal, la prioridad de los programas de ajuste aplicados, fue generar excedentes para servir la deuda externa, mediante políticas contractivas de la demanda interna agregada, consistentes en la reducción del gasto público programable (que trajo consigo el achicamiento del Estado en sus funciones promotoras del desarrollo económico y social, a través de la reducción o supresión de los programas de fomento sectorial: el gasto público como porcentaje del PIB pasó de 2.6% en 1982 a 1 % en 1988)1, así como de la privatización de empresas públicas (de las 744 empresas de participación estatal mayoritaria existentes en 1982, 305 fueron transferidas o liquidadas)2; la reducción de los salarios reales (mediante férreos topes salariales) el alza de los precios y tarifas del sector público (para liberar recursos transferibles al exterior); la restricción de la oferta crediticia (para consumo e inversión); y la subvaluación cambiaría, combinada inicialmente con el mantenimiento de la hiperprotección comercial (que se instrumentó en 1982 como solución tradicional al problema de la balanza de pagos que estalló con la crisis de la deuda) y que a partir de 1984 es abandonada en favor de un proceso acelerado de apertura comercial (el valor de las importaciones sujetas a controles cuantitativos, que en 1981 representaban el 85.5% del total, se redujeron a 27.5% en 1986; y el arancel máximo de 100% fue reducido al 45% en 1986)3.

Como resultado de la aplicación prolongada y persistente de este paquete de políticas contractivas, se produjo el clásico círculo vicioso recesivo: se contrajo la demanda, disminuyó la producción en numerosas ramas y se estancó a nivel agregado (las mayores ventas al exterior no pudieron contrarrestar la contracción del mercado interno), se desincentivó la inversión, disminuyó el empleo y esto presionó (junto con la política de topes salariales) los salarios a la baja, deprimiendo la demanda agregada, la producción y la inversión. Suma sumarum: un sexenio de crecimiento cero (0.22% anual: cuadro 1).

Durante la segunda fase del modelo neoliberal, a partir del PSE, la prioridad principal de la estrategia económica deja de ser la generación de excedentes para servir la deuda externa y se asume como prioridad central la estabilización de los precios, utilizando como instrumentos principales: 1) la aceleración de la apertura comercial (la tasa arancelaria máxima es reducida de golpe del 45 % al 20% y las importaciones sujetas a permisos previos se reducen del 26.8% en 1987 al 9.2% en 1991);4 2) la fijación primero, y la cuasi fijación del tipo de cambio (deslizamiento del peso frente al dólar a un ritmo menor que el diferencial inflacionario entre México y su principal socio comercial), que desemboca en sobrevaluación de nuestra moneda;5 3) la eliminación del déficit fiscal, a través de la perseverante reducción de la inversión pública, de la aceleración de la privatización de las empresas paraestatales (que se reducen de 437 en 1987 a 99 en 1993: compañía telefónica, bancos, acereras, etc., cuya privatización arroja ingresos al fisco por algo más de 23 mil millones de dólares, aplicados principalmente a la amortización de la deuda pública interna), y del persistente achicamiento o supresión de programas de fomento económico sectorial.6

La liberalización acelerada de la inversión extranjera se convierte en instrumento complementario esencial para contrarrestar el enorme y creciente déficit de cuenta corriente que resulta de la política comercial y cambiaria, dando lugar a una especie de reaganomics salinista: endeudar al país y enajenar activos nacionales para comprar en el exterior mercancías que compitan con las nacionales y presionen la inflación a la baja.

Resultados: un extraño "milagro económico" sin crecimiento (el PIB per cápita sólo crece 0.92% anual); casi nulo crecimiento del empleo (cuadro 16); deterioro de los salarios reales (cuadro 1); crecimiento vertical de los pasivos externos que se incrementan en 32.5% del PIB, mientras el PIB sólo se incrementa 19.3%; y, finalmente, el colapso financiero más grave de la historia mexicana (producto de un enorme déficit comercial que en 1994 ascendió a 24,317.4 mdd) y de un descomunal desbalance de la cuenta corriente (de 29,405.3 mdd en 1994)7, que no pudieron ser financiados con los decrecientes flujos de ahorro externo, y terminaron vaciando las reservas del banco central, orillando a las autoridades monetarias a la macrodevaluación.

Durante la tercera fase del modelo neoliberal que arranca de la macrodevaluación decembrina de 1994, la estrategia económica de mediano plazo asume como prioridad dual servir la deuda externa y abatir la inflación desencadenada por la macrodevaluación, utilizando como instrumentos centrales de política económica: la severa reducción del gasto público corriente y de inversión; el alza de los precios y tarifas del sector público; un nuevo paquete de privatizaciones de empresas y servicios públicos; una severa reducción de los salarios reales; una política monetaria y crediticia severamente restrictivas; y un nuevo paquete de privatizaciones que comprende ferrocarriles, telecomunicaciones y segmentos importantes de la industria energética. Desde luego, se mantienen los principios básicos del modelo neoliberal de largo plazo: la apertura externa de la economía y la reducción de las funciones del Estado en la promoción del desarrollo económico general y sectorial.

Resultados: la economía real del país se hunde en la peor crisis desde la gran depresión de 1929-1932. Durante el primer semestre de 1995: 1) se registra una caída del 5.8% en el producto interno bruto; 2) un descenso del 24.3% en la inversión fija bruta; 3)un incremento del 106.2% en el desempleo abierto; 4) un descenso del 14.5% en el poder adquisitivo del salario mínimo; 5) un incremento del 14.4% en la proporción de mexicanos en pobreza extrema; 6) un mayor deterioro de la infraestructura, que se plasma en un descenso del 15.9% en el PIB de la industria de la construcción (véase cuadro 2); 7) un crecimiento vertical de las carteras vencidas, que refleja la angustiosa insolvencia en que ha caído más de un tercio de los mexicanos acreedores de la banca; 8) se origina un vasto cementerio de empresas, con un promedio de ochenta quiebras diarias8; 9) se desencadena un círculo vicioso salvajemente recesivo, donde, acumulativamente, se reduce la demanda interna, caen las ventas, disminuyen los ingresos líquidos de las empresas, desembocando en una nueva reducción de la demanda, la producción, la inversión, el empleo y nuevos aumentos en la insolvencia y la pobreza.

Costos sociales del modelo neoliberal

Las políticas neoliberales de estabilización y ajuste económico, han generado una deuda social muy superior a la deuda externa de México. La política de topes salariales por debajo del índice inflacionario y el abarrotamiento de los mercados de trabajo por la casi nula generación de empleos, provocaron la severa degradación de la participación de los salarios en el producto nacional, del 37.1% del PIB en el período 1970-1982 al 26.4% durante los últimos cinco años, lo cual significa (véase cuadro 3) que los asalariados tuvieron una pérdida acumulada de 296,011.3 millones de dólares entre 1983 y 1994.

Los salarios mínimos sufrieron una reducción casi ininterrumpida a lo largo de doce años del modelo neoliberal, hasta representar en 1994 menos de la mitad (40.8%) del poder adquisitivo que tenían en 1982; los salarios contractuales sufrieron una disminución igualmente vertical hasta perder el 55.2% de su poder de compra; y los salarios manufactureros perdieron el 38.3% de su poder adquisitivo entre 1982 y  1988 y, a pesar de su ligera recuperación en años subsecuentes, en 1994 aun eran 15.4 % inferiores a los de 1982 (cuadro 4).

CUADRO 2
RESULTADOS EN LA ECONOMÍA REAL DE LAS GESTIONES ECONÓMICAS
DE MMH Y EZPL


Variaciones porcentuales en el periodo

 

Sexenio
1983-1988

Semestre
1/1995

 

 

 

PIB por habitante

-10.8

-5.9

Inversión fija bruta

-23.3

-24.3

Salario mínimo real

-47.9

-14.5

Porcentaje de desempleados

 

 

abiertos y encubiertos

321.4

106.2'

Porcentaje de mexicanos

 

 

en pobreza

21.6

14.42

PIB de la industria

 

 

de la construcción

-19.7

-15.9

1 Desempleo abierto
2 Incremento de la proporción de mexicanos en pobreza extrema FUENTE: Elaboración propia con base en INEGI, Sistema de cuentas nacionales; CNSM, Salarios mínimos; Banco de México, Indicadores económicos; y Julio Boltvinik, "La satisfacción de las necesidades esenciales en México en los setentas y ochentas", en J. L. Calva (coord.), Distribución del ingreso y políticas-sociales, Juan Pablos, 1995; El Financiero, 31/VIII/95; y Ernesto Zedillo Ponce de León, Primer Informe de Gobierno, 1995.

Las políticas contractivas provocaron el desplome vertical del nivel general de empleo: entre 1983 y 1994, en el conjunto de la economía mexicana solamente se crearon 1.9 millones de empleos remunerados, pero cada año tocaron las puertas del mercado laboral 1.1 millones de jóvenes demandantes de empleo (cuadro 5). De este modo, once millones de jóvenes no encontraron empleos remunerados durante ese lapso (se estima que alrededor de una tercera parte de ellos emigraron a los Estados Unidos); y el mito genial del desempleo pasó a deambular en las calles de las urbes y a encubrirse bajo múltiples formas de actividad marginal.

Como resultado, se registró una degradación generalizada de los niveles de vida de las mayorías nacionales: los estratos medios se empobrecieron, los pobres descendieron a la miseria y los miserables vieron aumentar la morbilidad y mortalidad por desnutrición de sus hijos: el porcentaje de niños de 1 a 4 años con desnutrición severa en el medio rural, es decir, de los niños que presentan la estampa de los de Biafra o Bangladesh durante las hambrunas, pasó 7.7% en 1979 al 15.1% en 1989; (INNSZ, Encuesta Nacional de Alimentación en el Medio Rural, México 1990); la mortalidad infantil por desnutrición entre los niños de 1 a 4 años se incrementó 221% entre 1982 y 1990 y entre los niños menores de 1 año se incrementó 127% (INEGI-SS, EN CSG, Sexto informe, Anexo). Tan sólo entre 1981 y 1987 el número de pobres pasó de 32.1 a 41.3 millones; y la población en pobreza extrema pasó de 13.7 millones de mexicanos a 17.3 millones (Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad, El Combate a la Pobreza, México, 1990).

La distribución funcional del ingreso, que nunca ha sido buena en México, empeoró salvajemente bajo el modelo neoliberal. Mientras las ganancias empresariales ("excedentes de operación") pasaron del 52.8% del ingreso nacional disponible (IND) en 1981 al 62% en 1993, las remuneraciones de los asalariados pasaron del 42.6% del IND en 1981 al 28.5% en 1993 (cuadro 6).

La distribución familiar del ingreso que tampoco fue buena en el pasado, sufrió una brutal evolución regresiva bajo el modelo neoliberal: el 40% de los hogares con menores ingresos disminuyen su participación en el ingreso familiar total del 14.36% en 1984 al 12.68% en 1992, mientras que el 20% de la población con mayores ingresos aumentó su participación del 49.5% en 1984 al 54.18% del ingreso familiar total en 1992; y los estratos medios bajos (deciles V al VIII: véase cuadro 7) se empobrecieron al disminuir su ingreso del 36.1% en 1984 al 33.1% del ingreso familiar total en 1992.

No conforme con empobrecer a las mayorías nacionales y exacerbar el flagelo del hambre sobre los estratos más vulnerables, cuyos hijos han quedado indeleblemente marcados con el estigma de la desnutrición severa, la tecnocracia neoliberal impuso a los pobres y a la ciudadanía mexicana, el escarnio de PRONASOL. Mientras el despojo que el modelo neoliberal infligió a los asalariados de México ascendió a 162,514.2 millones de dólares corrientes durante el período 1989-1993 (cuadro 3); el gasto público ejercido en "solidaridad y desarrollo regional" (véase cuadro 8) ascendió apenas a 7,213.7 millones de dólares corrientes en el mismo lapso.

Pero la burla que la hoja de parra de esa genial (a la Goebbels) invención publicitaria que se nombra PRONASOL, representó para los mexicanos es aún más afrentosa, porque las partidas del gasto público que ahora se ejercen en PRONASOL ya eran ejercidas por la administración pública en tiempos anteriores al experimento neoliberal en México. En 1981 dichas partidas ascendieron a 2,044.91 millones de dólares constantes de 1980, mientras que en 1993 (véase cuadro 8) ascendieron a 1,302.05 millones de dólares.

Sin embargo, el mayor escarnio para la dignidad y la inteligencia de los mexicanos, es el descomunal costo publicitario en tiempos gubernamentales de televisión y radio dedicados a la propaganda de PRONASOL, costo que supera el gasto ejercido en "solidaridad y desarrollo regional". (Tan sólo un  minuto de publicidad en Televisa,  antes de la macrodevaluación, costaba alrededor de N$ 400,000 en promedio, es decir algo más de 100,000 dólares. Por consiguiente, el gasto total ejercido en la partida "Solidaridad y Desarrollo Regional" entre 1989 y 1993 equivale a cerca de 1,000 horas de propaganda televisiva en cinco años, a lo que hay que agregar la propaganda pronasolera en las otras estaciones de televisión y en prácticamente todas las radiodifusoras del país. En vez de cobrar impuestos a la televisión y a la radio, dedicando esos ingresos fiscales a la promoción del bienestar social, la tecnocracia neoliberal ha reforzado su tenebroso maridaje con Televisa y otros medios masivos de comunicación. La diligente "modernización" fiscal se detuvo, por eso, frente a los intereses oligopólicos de grandes empresas televisivas y radiodifusoras, manteniendo el régimen fiscal de excepción decretado por Díaz Ordaz, según el cual en vez de pagar impuestos, las estaciones de radio y televisión ponen a disposición del gobierno 12.5% de su tiempo diario de programación).

Finalmente, el gasto público en desarrollo social declinó de 6,117.7 pesos per cápita 1982 (a precios de 1980) a 3,731.7 pesos en 1987, y si bien pasó a 5,892.6 pesos en 1993, aún resulta inferior al de 1982, hecho particularmente indicativo de los efectos reales del modelo neoliberal, porque mientras entre 1971 y 1982 el gasto social per cápita creció 179.2%, bajo el modelo neoliberal el gasto social por habitante disminuyó 3.7%. Así, el gasto federal per cápita en educación que se había expandido 215.7 % en la década previa a la crisis de 1982, aumentó solo 0.4% con el modelo neoliberal; el gasto per cápita en salud, que se había expandido 114.9% en la última década preneoliberal, sólo aumentó 3.9% en los años neoliberales; y el gasto social per cápita en desarrollo urbano, que había crecido 102.3% en el primer lapso, descendió 38.1% en el paraíso neoliberal.

Saldar la enorme deuda social. Las intenciones y los instrumentos

Sin duda, la elevación del bienestar social es fin esencial de toda certera política económica. Es inadmisible el sacrificio de las generaciones presentes en aras de un paraíso neoliberal que advendrá en un futuro remoto e indefinido, es decir de una utopía neoliberal tan incierta como la utopía comunista.

Sin embargo, la elevación del bienestar social no es factible si la estrategia económica no es congruente con ese objetivo. Y, precisamente, la estrategia contenida en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 es, en esencia, más de lo mismo:

1) apertura económica;
2) escasa participación del Estado en el fomento de la actividad económica general y sectorial;
3) equilibrio fiscal a toda costa, asociado a la reducción de la participación del Estado en la promoción del desarrollo económico);
4) plan de choque ortodoxo de "corto plazo" que comprende: escaseamiento y encarecimiento del crédito, reducción de los salarios reales, contracción del gasto federal y de la inversión pública.

Esta estrategia económica ahondará la exclusión y el empobrecimiento de los mexicanos: el producto nacional no crecerá a las tasas requeridas para otorgar puestos de trabajo a los 1.2 millones de demandantes de empleo que cada año se incorporarán al mercado laboral durante los próximos años (ya no digamos para absorber a los millones de mexicanos damnificados de la docena neoliberal previa), lo que aumentará las presiones sobre los mercados de trabajo y reforzará la tendencia regresiva de los salarios y la distribución del ingreso.

Si la prioridad ha de ser realmente el crecimiento sostenido con una tasa anual mayor del 5%, para que realmente se detenga la exclusión social y se inicie la incorporación de los excluidos al desarrollo, entonces habrá que introducir profundos cambios en la estrategia económica que comprendan: 1) una política cambiaría que mantenga la competitividad de la moneda nacional con ajustes periódicos en la paridad peso / dólar estadounidense, en función de los diferenciales inflacionarios, ajustes que hay que iniciar ya, evitando el equívoco de utilizar el tipo de cambio como ancla de los precios; 2) aplicar resueltamente modificaciones en política comercial (tanto en la enérgica protección de nuestro productores contra prácticas desleales, como en la amplia utilización de aranceles, normas técnicas y salvaguardas a que tenemos derecho en el GATT y en el TLCAN, así como en el decidido fomento de las exportaciones); 3) abatir significativamente las tasas internas de interés (mediante la concertación de un pacto económico-financiero que comprometa a los banqueros a reducir los márgenes de intermediación financiera a nuestro promedio histórico del 7% real; que salve a los deudores mediante quitas y reestructuraciones conformes con su capacidad real de pago; y que salve a los bancos al borde de la quiebra efectiva por la acumulación de carteras insaldadas); 4) instrumentar una verdadera política industrial y agrícola de fomento (basada en un tipo de cambio y una tasa de interés competitivos, así como en una política comercial pragmática y en la aplicación de instrumentos específicos usualmente contenidos en los paquetes de políticas industriales de los países con un desarrollo ejemplar); 5) incrementar la inversión pública hasta un nivel 1 % del PIB superior al ejercido en 1994 (con el doble fin de detonar el crecimiento económico y rehabilitar y modernizar la infraestructura con vistas a la elevación sostenida de la eficiencia y competitividad: un incremento de 1 % del PIB en construcción pública genera alrededor de 300,000 empleos directos, además de importantes efectos multiplicadores sobre el conjunto de la economía); y 6) una política salarial que, en lo inmediato, Índice los salarios a los precios (para que el poder adquisitivo de los trabajadores no descienda del bajo nivel de 1994) y, después, propicie la recuperación de los salarios reales a los niveles previos al experimento neoliberal.

En cambio, si se mantiene la estrategia económica neoliberal, tal como se contempla en el PND 1995-2000, no obstante los enormes daños que ha causado al país, sus resultados serán más de lo mismo: más desempleo, más desigualdad en la distribución del ingreso, más pobreza y más sufrimiento humano; y los objetivos encomiables de desarrollo social enunciados en el PND 1995-2000 quedarán cancelados por las adversidades de la economía real, no obstante los "curitas" y "mejórales" (que analizaremos en nuestra próxima entrega) que el PND prescribe para combatir las manifestaciones agudas de la pobreza y la exclusión social.

Ya es tiempo de repudiar la estrategia neoliberal y rescatar la dignidad nacional. México no debe arribar al siglo XXI con estructuras porfirianas de distribución del ingreso y con millones de mexicanos desnutridos, sin acceso a servicios de salud, hacinados en viviendas deprimentes, etc; nuestro pasaje al nuevo milenio debe tener como criterio rector la inclusión de todos los mexicanos en una verdadera modernidad económica con equidad, armonía en el patrón de crecimiento y sustentabilidad ambiental.

Alternativas para la economía mexicana

Por nuestra parte, insistimos en la propuesta de que México deseche el modelo neoliberal como estrategia de largo plazo y abandone el severo plan de choque ortodoxo, para desplegar, un programa emergente de crecimiento económico sostenido con equidad, cuyos principios e instrumentos fundamentales son:

Primero: Una nueva renegociación general de la deuda externa de México, con recalendarización de los pagos del principal y los intereses, de acuerdo con la capacidad financiera real del país y con un período de gracia que permita a México recuperar el crecimiento económico y, por tanto, la capacidad real de servir plenamente su deuda externa.

Segundo: Una política cambiaría competitiva que evite en el futuro una nueva sobrevaluación del peso. A partir de un nivel de equilibrio de $ 5.85 por dólar observado al cierre de la primera semana de mayo de 1995 (véase Problemas del Desarrollo, Núm. 102, 1995), que debe ser tomado como piso cambiario, se abren dos opciones: primera, tan pronto el Banco de México disponga de las reservas necesarias para regular el tipo de cambio, se podría abandonar el régimen de libre flotación y adoptar una nueva banda de flotación, con ajuste periódico del piso y el techo cambiarios de acuerdo con el diferencial de las tasas inflacionarias de México y Estados Unidos; segunda, mientras no haya reservas de divisas suficientes para regular el tipo de cambio sobre una banda de flotación, el Banco de México debe evitar que el precio del dólar baje del piso cambiario de equilibrio, ajustándolo periódicamente con base en los diferenciales inflacionarios.

Tercero: Una política comercial pragmática, que utilice al máximo los márgenes de maniobra para regular nuestro comercio exterior aplicando (exactamente igual a como proceden Estados Unidos, Canadá y los demás países con desarrollo exitoso) aranceles, normas técnicas, salvaguardas y disposiciones contra prácticas desleales de comercio, a los cuales tenemos derecho en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en el GATT. Esto, sin demérito de emprender, en un segundo momento, negociaciones cuidadosas en áreas del TLCAN para introducir salvaguardas en ramas de la producción y la inversión de alta vulnerabilidad para México y que son relevantes por su importancia económica o como generadoras masivas de empleo.

Cuarto: Instrumentar verdaderas políticas de fomento industrial y de fomento agrícola, apoyadas en políticas macroeconómicas idóneas (un tipo de cambio competitivo, una tasa de interés que incentive la inversión —a la que enseguida nos referiremos— y una política comercial pragmática), así como en instrumentos de fomento económico general (construcción de infraestructura, desarrollo de la investigación científico técnica, educación y capacitación laboral, etc.) y en instrumentos específicos de fomento sectorial (incentivos fiscales a industrias nuevas y necesarias, a la innovación tecnológica, a la transferencia de tecnología; apoyos crediticios preferenciales a pequeñas y medianas empresas, apoyos para estudios de factibilidad, a través de la Banca Nacional de Desarrollo; estudios de mercado y promoción externa de productos a través de SECOFI; precios de garantía para productos agropecuarios básicos sobre un horizonte de largo plazo, etc.). Esta verdadera política de fomento industrial y agrícola permitirá aumentar la oferta interna de productos y la de mercancías exportables reduciendo presiones sobre el sector externo, a la vez que generar empleos e ingresos con efectos multiplicadores sobre la inversión, la producción y el empleo.

Quinto: Abatir las tasas de interés mediante la eliminación o reducción del déficit de cuenta corriente (que resultará de la aplicación de los cuatro instrumentos anteriores, los cuales harán decrecer dramáticamente, hasta un nivel sanamente financiable con inversión extranjera directa o física, los requerimientos de ahorro externo y, en consecuencia, la necesidad de pagar sobretasas de interés por recursos líquidos), así como mediante la reducción de los márgenes de intermediación financiera de su nivel actual (que en junio de 1995 ascendieron al 18.24% real) a su promedio histórico de 7% real (superior al 3% a 3.5% observado en Estados Unidos, pero mucho menor que el actual), a través de un pacto financiero concertado por el gobierno, banqueros y sectores productivos, que al mismo tiempo emprenda un verdadero programa de rescate de los deudores, reestructurando carteras de acuerdo con su capacidad de pago efectiva, y, simultáneamente, otorgue oxígeno a los bancos en riesgo de quiebra por la acumulación de carteras insaldables.

Sexto: Aumentar el gasto público programable, corriente y de inversión, para cerrar 1995 con el mismo nivel de gasto de 1994. Para ello, en lo inmediato es necesario desechar el fetiche del equilibrio fiscal a fin de operar con un déficit público moderado durante la emergencia económica para el crecimiento. (Hay que recordar que países de desarrollo económico exitoso, tales como Alemania —actualmente con un déficit fiscal del 4.5 % del PIB— Japón, Italia, etc, operan con un criterio de flexibilidad en el manejo de las finanzas públicas, indispensable para regular el ciclo económico).          

Séptimo: Evitar la caída del mercado interno de productos masivos mediante la conservación del poder adquisitivo de los salarios al nivel de 1994 (procediendo, después de superada la crisis económica, a su recuperación progresiva hacia los niveles salariales previos al modelo neoliberal). Para ello, en lo inmediato, es necesario indizar los salarios a los precios, con ajuste trimestral retroactivo, evitando tanto el mayor empobrecimiento de la población trabajadora como el círculo vicioso recesivo provocado por la caída del mercado interno.

Sin modificaciones profundas en la estrategia económica vigente no habrá recuperación y crecimiento sostenido de la economía nacional. Tropezaremos otra vez con la misma piedra: una estrategia dogmáticamente recesiva que producirá otro sexenio de crecimiento cero. Lo peor es que apenas comienza.


NOTAS

1 Con base en INEGI, El ingreso y el gasto público en México, México, 1991.
2 Jacques Rogozinstí, Privatización de empresas paraestatales, FCE.
3 Con base en INEGI, Estadísticas de comercio exterior y fomento industrial 1983-1988, Tomo I. Comercio exterior, México 1988 y SECOFI, Mecanismos de examen de las políticas comerciales, México, marzo de 1993.
4 ídem.
5 Considerando 1988 como año base de equilibrio cambiario peso / dólar (por el modesto superávit presentado en la balanza comercial -272 millones de dólares-, y por un déficit moderado en la cuenta corriente, financiable con inversión extranjera directa y no de cartera por naturaleza volátil), la sobrevaluación en 1991 fue de 22.7 % y en noviembre de 1994 de 36.54%. Cálculos propios con base en Banco de México, Indicadores económicos; para el índice de precios de Estados Unidos, Boreau of the Censas, Statistical Abstract of the United States, Washington, 1993, Banco de México, Indicadores de precios, diciembre de 1994.
6 Con base en INEGI, El ingreso y el gasto público en México, México, 1991; CSG',  Sexto informe de gobierno. Anexos estadísticos, México, 1994; y SHCP,  Cuenta de la hacienda pública federal 1994.
7 Banco de México, Indicadores económicos e Informes anuales 1987 y 1994.
8 E. Gutiérrez y M. Colín, "Sin freno el cierre de empresas; resultaron afectadas 8 mil factorías en el primer semestre", EL FINANCIERO, 4/VIII/95.